En la COPE recuerdan que evitar las filtraciones es responsabilidad de los jueces pero es más fácil señalar a un periodista que a un funcionario. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, la ha liado parda al sugerir que se debería sancionar a los medios de comunicación que publiquen sumarios judiciales declarados secretos, una idea que ya planteó su antecesor Alberto Ruiz-Gallardon y que se ha debatido esta mañana en la tertulia de la COPE.
Víctor Arribas calificó de “torpeza” la propuesta del ministro, para después reconocer que es muy complicado poner límites a la libertad de expresión y al derecho a recibir información, concluyendo que la ley no debe establecer límites e hizo hincapié en que lo fácil es matar al mensajero y lo difícil es localizar al funcionario que ha provocado esa filtración, cuya responsabilidad es la de salvaguardar el secreto del sumario e hizo notar que “de no haberse hablado en los medios del caso Watergate no se habría conocido nunca”.
Antonio Papell tildó de “indecente” el hecho de sacar esto a un mes de las elecciones. “En cualquier país democrático la prensa tiene la obligación de desvelar todo aquello que el Gobierno no quiere que se sepa”, recalcó y puso como ejemplo que de no haber informado la prensa, “no sabríamos nada de, por ejemplo, de la Gürtel, de Trillo…
Arribas manifestó que si se limita el derecho a la información el siguiente paso es que el periodista comparta su fuente. Mientras que Papell quiso diferenciar entre un personaje público y sus derechos privados. En el caso de Rato, “no hay derecho a la privacidad, aunque si a la presunción de inocencia”.
Arribas volvió a entrar al debate asegurando que es el espectador y el lector (de medios) el que debe establecer las sanciones. “El linchamiento de Rato es culpa de quien filtró la noticia” consideró Papell, no del “periodista que toma nota de lo que está pasando”.
Antonio Papell agregó que el periodista no tiene ningún poder, solo es un mediador. “La gente tiene derecho a conocer y nosotros somos los intermediarios, es un derecho sagrado”. Por su parte, Víctor Arribas manifestó que cuando hay secreto de sumario el juez es responsable de que no se incumpla ni por una parte ni por otra.
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