Nuevo intento de Carmena para evitar el último «pelotazo» de Botella con el museo Ambasz

El equipo de Gobierno de Manuela Carmena continúa intentando frenar el acuerdo con la Fundación Ambasz que firmó Ana Botella por el que el Ayuntamiento cedía -gratuitamente y durante 75 años- el inmueble del número 39 de la calle Gobernador, para hacer museo, ya que quiere proteger el edificio de la demolición.

Por ello, y según informa elconfidencial.com, “l Ayuntamiento ha enviado a la comisión de Patrimonio Cultural de la Comunidad su último informe técnico sobre el edificio situado en el número 30 del paseo del Prado y en el que aboga definitivamente por mantenerlo en pie”. Y explica que este viernes, esa comisión debe pronunciarse sobre si da luz verde o no al proyecto presentado por la Fundación Emilio Ambasz tras la cesión gratuita firmada por la corporación de Ana Botella, que conlleva necesariamente el derribo del inmueble” y aclara que el informe, elaborado por la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige José Manuel Calvo a petición de Patrimonio, insiste en la “importancia histórica y arquitectónica del inmueble” y apuesta por elevar su nivel de protección, llevando a cabo un proceso similar al que evitó la demolición del Edificio España.

Esta es la conclusión que el consistorio dirigido por Manuela Carmena traslada a Patrimonio tras un largo e intenso debate sobre la idoneidad de la propuesta presentada por la fundación, que lo que solicita es tirar el edificio situado en una zona privilegiada de la capital para crear su propio museo de arquitectura. La comisión, que ya pidió en 2016 un informe al ayuntamiento, ha preguntado en esta ocasión a los servicios técnicos municipales sobre la posibilidad de elevar el nivel de catalogación del inmueble.

Elconfidencial.com asegura que los técnicos consideran que son varias las circunstancias que «recomiendan» ya plantear y tramitar la modificación del planeamiento a tal efecto. En primer lugar, por la nueva valoración sobre el edificio realizada en 2015 con motivo de la revisión del Plan General y su Catálogo, que describió este inmueble como “interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano”, afirmando que “su conservación ayuda a conocer el desarrollo de las instituciones madrileñas y su evolución en el siglo XX”.

Segundo, para evitar la desaparición de un edificio relevante en el paseo del Prado de Madrid, y tercero, por la necesidad de implantar usos adecuados en el edificio que no supongan la alteración de sus valores a preservar en fachadas, volumetría y en alguna de sus escaleras. El informe de Urbanismo asegura que la edificación del inmueble fue diseñada para albergar oficinas municipales y, pese a que ha tenido otros usos, como una escuela de idiomas, el centro de Madrid Salud e incluso una sede de la UNED, la organización espacial del inmueble y su propia estructura “son incompatibles” con el nuevo uso que se pretende como museo.

Indica que en la actualidad, el edificio en cuestión —de 3.000 metros cuadrados y situado en pleno eje del Prado— está catalogado como “nivel 3 de grado ambiental”, después de que en 2013 se modificara el Plan General por parte de la Comunidad de Madrid, bajando el grado de protección (hasta entonces se mantenía en “nivel 2 grado estructural” y se mantenía protegido), permitiendo a la postre que pudiera ser derribado y sustituido por otro si se demostraba que la nueva solución conservaba las características arquitectónicas del entorno.

El digital destaca la controversia que ha generado este edificio por la “sombra del pelotazo cultural que habría dado la corporación de Ana Botella antes de llegar a su fin”. Ya en 2013, el ayuntamiento cedió gratuitamente el espacio público durante 75 años a la fundación que lleva por nombre el del arquitecto argentino y cuya estrecha relación con el PP y el llamado ‘clan de Valladolid’ se remontaba a años atrás, empezando por José María Aznar, marido de la entonces alcaldesa. Resaltando que fue en la última junta de gobierno presidida por ella cuando Botella consumó la operación, aprobando la modificación del Plan Especial que permitía derribar el inmueble.

Y hace notar que “de hecho, ante la posibilidad de que los populares fueran reelegidos tras las elecciones, la fundación contaba con que el proyecto empezara cuanto antes”, lo que no sucedió con la llegada de Ahora Madrid al Palacio de Cibeles que frenó los tiempos de la operación respecto a un edificio que sctualmente esta okupado y en manos del centro social ‘La Ingobernable’

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