Así lo ha avanzado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha protagonizado el encuentro informativo organizado por Europa Press. Según el consejero, el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas; obligación que resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta la fecha, aseguran desde la Puerta del Sol, no se ha recibido financiación por parte del Estado.
Por ello, ha explicado, “dado que el pasado viernes no se celebró la Conferencia Sectorial de Justicia porque el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes rehusó plantear estas medidas, acabamos de realizar un requerimiento previo al Gobierno central instándole a cumplir con sus obligaciones legales, el cual, de no ser atendido, nos llevará a formular el oportuno recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo”.
García Martín ha denunciado que se trata de una norma que se ha hecho “sin contar con las comunidades que tenemos competencias en esta materia y, por lo tanto, la responsabilidad última de su ejecución, ni tampoco con el Poder Judicial”. “Supondrá para la Comunidad de Madrid un gasto de 43 millones de euros”, ha asegurado, recoge el Ejecutivo autonómico en una nota.
Madrid pide una nueva conferencia sectorial
Asimismo, el consejero ha informado que ha enviado una nueva carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, instándole a convocar una nueva Conferencia Sectorial de Justicia que incluya seis puntos esenciales para el funcionamiento del sistema judicial, que incluye la financiación de la Ley de Eficiencia.
“Es preocupante la falta de financiación a la que el Gobierno central nos tiene acostumbrados cuando las comunidades tenemos que aplicar nuevas medidas legislativas, pero más preocupante es que a Pedro Sánchez ya no le quedan más líneas rojas que traspasar”, ha señalado el consejero.
Nuevas elecciones
García Martín ha destacado que España atraviesa “una legislatura que nunca debería haber comenzado y que debería terminar cuanto antes”. “Nunca ha habido tantos motivos y tan evidentes para exigir la convocatoria de unas nuevas elecciones, y es que, Pedro Sánchez, está llevando a las instituciones a un descrédito inaceptable que pone en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho”, ha subrayado.
