El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acaba de promulgar una ley que obliga a las plataformas de alquiler turístico de vivienda como Airbnb y Homeaway a proporcionar datos de sus anfitriones a las autoridades. De lo contrario, se arriesgan al pago de contundentes multas.
En la misma semana que la CNMC ha denunciado a tres ayuntamientos españoles por sus regulaciones de pisos turísticos, la capital financiera de Estados Unidos es la última de una larga lista de ciudades que actúa en el debate sobre cómo gestionar las plataformas de supuesta “economía colaborativa” pero cuyo impacto sobre el precio y acceso a la vivienda asequible cada vez menos voces ponen en cuestión.
La resolución neoyorquina, que se aplica a todos los sitios de alojamiento a corto plazo y requiere que los operadores proporcionen una lista de todas las transacciones realizadas dentro de la ciudad, entrará en vigencia en 180 días.
Los partidarios de la nueva norma argumentan que acabará con los alquileres ilegales a corto plazo, que según ellos provocan un aumento en los precios haciendo que la vivienda sea aún menos asequible en una ciudad ya de por si cara.
Airbnb acusa al poderoso lobby hotelero de la capital más poblada de Estados Unidos de promover la legislación, argumentando que la mayoría de los anfitriones son neoyorquinos que intentan ganarse la vida alquilando habitaciones en sus casas.
La nueva norma exige a las plataformas de alquiler a corto plazo que proporcionen a las autoridades locales datos sobre las transacciones, e impone una multa 1.500 dólares por listado y mes ante cualquier informe inexacto.
Josh Meltzer, jefe de política de Airbnb para la región noreste de Estados Unidos, dijo que «estamos decepcionados» porque De Blasio defendió al lobby hotelero en lugar de a la «a la clase media de Nueva York que depende de compartir la vivienda para sobrevivir».
«Muchos propietarios responsables se enfrentan actualmente a una inspección agresiva y sin control, y están temerosos por lo que sucederá bajo esta nueva legislación», acotó.
El estado de Nueva York ya endureció las normas en 2016, aplicando fuertes multas a aquellos que alquilan apartamentos desocupados por menos de 30 días, a menos que el propietario o arrendador esté presente.
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