El presidente valenciano ha vuelto a mostrar su convicción por el próximo estreno del hasta ahora aeropuerto fantasma de Castellón. Sin embargo, no ha querido poner fechas sobre la mesa. Sus declaraciones llegan entre duras acusaciones contra la empresa que se quiere adjudicar la gestión del aeródromo y sin que llegue comprador para su ‘hermano’ de Ciudad Real. «Por supuesto que funcionará«. Así de tajante se ha mostrado el presidente valenciano Alberto Fabra en torno al futuro del inoperante aeropuerto de Castellón. Pero no se ha atrevido a poner fecha para su primer vuelo. Desde su estreno en marzo de 2011, ni un solo avión ha tomado tierra o despegado del aeródromo.
El presidente valenciano ha hecho estas declaraciones en el espacio ‘La Sexta Noche’ de La Sexta. Aunque ha reconocido que «no se han hecho las cosas todo lo bien que se debiera», Fabra ha defendido que el aeropuerto de Castellón se construyó «en un momento en que la economía lo posibilitaba». Además, ha subrayado en respuesta a preguntas de los periodistas del programa que la infraestructura es necesaria para el desarrollo de la región y de su potencial turístico.
Sobre este último aspecto, Fabra ha destacado que «hay una empresa que está para firmar el acuerdo para poder gestionar» el aeropuerto, lo que a su entender da cuenta del potencial de su negocio. También ha señalado que Castellón era la única provincia costera española que no contaba con aeródromo propio hasta que se inauguró bajo los auspicios del entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Un acto de inauguración que, sin embargo, el líder de la Generalitat valenciana considera como uno de los grandes errores del desarrollo del proyecto. A su entender, se debería haber esperado a la homologación del aeropuerto por parte de Aena para no haber lanzado la imagen de aeropuerto fantasma que ahora tiene.
Estas declaraciones llegan apenas unos días después de que los administradores del fallido aeropuerto de Ciudad Real hayan tenido que ampliar el plazo para la presentación de ofertas por la instalación y rebajado su precio hasta los 90 millones de euros. De momento, las condiciones que se reclamaban no habían atraído el interés de los inversores por una infraestructura que costó más de diez veces lo que ahora se pide por él.
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