Afirman que esta ley “ataca y daña” a los Ayuntamientos y abre el camino a la “desaparición y privatización” de los servicios sociales. La oposición ha decidido unirse contra la reforma local que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy. PSOE, Izquierda Plural, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís han presentado hoy un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, ya que consideran que “ataca y daña” a los Ayuntamientos y que incluso abre el camino a la “desaparición y privatización” de los servicios sociales.
Loa partidos de la oposición han acudido al Tribunal Constitucional para intentar frenar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se oponen a la medida, entre otras cosas, porque “ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los Ayuntamientos y abre el camino a la desaparición de los servicios sociales y la privatización de los servicios básicos” que prestan los consistorios.
El recurso ha sido presentado, según recoge Europa Press, por el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, acompañado del secretario de Política Local y Autonómica de los socialistas, Gaspar Zarrías. También por la diputada de IU Ascensión de las Heras, la de UPyD Irene Lozano, Ana Oramas por parte de Coalición Canaria, el de CHA Chesús Yuste y el de Compromís, Joan Baldoví.
Tras presentar el recurso, Jáuregui ha explicado que está firmado por más de 130 diputados de estos grupos parlamentarios, que se oponen a la reforma local porque “va a crear y está creando ya enormes dificultades de gestión para los Ayuntamientos” al privarles “de su capacidad de gestión de las políticas sociales”, algo que a su entender es “imprescindible” en el actual contexto en el que se encuentra España.
No obstante, hay que recordar que la oposición no es la única que ha alzado la voz contra la reforma impulsada por el Ejecutivo central, ya que también han mostrado su descontento muchos alcaldes de toda España, incluidos los del PP. Incluso las comunidades, que ya han empezado a movilizarse para intentar paralizar esta norma.
Este es el caso de Andalucía, ya ha presentado un recurso ante el Constitucional contra la reforma local en el que carga contra 23 artículos de la norma. Entre ellos, la imposición de medidas a los Ayuntamientos que no sean financieramente sostenibles, el régimen de fusiones entre dos municipios, el “desapoderamiento” de los plenos para aprobar los presupuestos o la atribución de un mayor poder a las diputaciones provinciales a la hora de coordinar los servicios básicos de los pueblos de menos de 20.000 habitantes.
Asimismo, está previsto que el resto de comunidades donde no gobierna el PP -Cataluña, Canarias y Asturias- presenten también un recurso de inconstitucionalidad. Es más, también lo harán, según recoge El País, dos autonomías donde los populares están en minoría: Extremadura y Navarra.
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