El magistrado ha rechazado también imputar a Iñaki Urdangarin y Diego Torres por presunto blanqueo de capitales. Francisco Camps tendrá que declarar otra vez ante el juez José Castro por el ‘caso Nóos’. El expresidente de la Generalitat valenciana ha sido citado de nuevo por el magistrado para que aclare unas dudas que han surgido tras la primera declaración del popular por los contratos de la administración regional con la empresa de Iñaki Urdangarin y Diego Torres.
Camps deberá comparecer de nuevo para resolver las nuevas preguntas de las partes personadas en esta causa, que han remitido al juez tras analizar su primera declaración. De esta forma, Castro remitirá el pliego de preguntas, que también incluirá cuestiones planteadas por el propio instructor, al Juzgado Decano de Valencia para que el expresidente valenciano las conteste.
Así lo ha indicado el juez en un auto dictado este martes del que se hace eco Servimedia, en el que informa que la nueva declaración se realizará por escrito en el “despacho oficial de que disponga en la sede del Consejo Consultivo de Valencia”. Una cita en la que, además, se seguirán las mismas pautas que en la primera declaración que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. Es decir, Camps deberá contestar a las preguntas en presencia de la secretaria del juzgado de Castro y sin recibir ayuda externa.
Y en el mismo auto, el juez Castro ha rechazado imputar a Iñaki Urdangarin, a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste por un presunto delito de blanqueo de capitales. El sindicato ultraderechista Manos Limpias había presentado una solicitud para que el magistrado adoptase esta medida, a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción alegando que todos ellos ya habían sido interrogados por este supuesto ilícito.
Según recoge Europa Press, Manos Limpias afirmaba en el escrito que presentó que los tres imputados son presuntamente responsables de un delito de blanqueo por cuanto se lucraron “en su propio beneficio” del dinero que de forma ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos, y que posteriormente desviaron a sociedades de su entramado empresarial.
Un dinero que, según la letrada que representa al sindicato, “es fruto de presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude fiscal y falsificación documental, entre otros”. Manos Limpias sostenía también que habrían lavado los fondos que supuestamente habían defraudado antes a la Agencia Tributaria.
Después de que el juez instructor del ‘caso Nóos’ diese diez días de plazo a las partes personadas para que alegaran lo que estimaran conveniente sobre la petición de Manos Limpias, la defensa de Torres presentó un escrito en el que desvinculaba a sus patrocinados de un presunto delito de blanqueo y hacía hincapié, por el contrario, en los gastos personales en que habrían incurrido los Duques de Palma a través de Aizoon, así como a la presunta mediación del Rey don Juan Carlos en favor de iniciativas promovidas por Urdangarin.
