El sindicato CSIF advierte de que la privatización deja en el aire el empleo de más de 3.500 funcionarios en toda España. Las sospechas de jueces y sindicatos se han confirmado: el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha entregado el Registro Civil a los registradores de la propiedad, los colegas de profesión del presidente Mariano Rajoy. El decano de estos profesionales ha sido el encargado de dar a conocer a sus colegas por carta la privatización de este servicio público, que según los cálculos que hizo ya el año pasado CSIF – el sindicato de empleados públicos- engordará el negocio de los registradores en unos 180 millones de euros más al año.
Gonzalo Aguilera, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, envió hace un par de días una carta a todos los afiliados de la institución, y son cerca de mil entre los que cuentan también algunos hermanos de Rajoy y la nuera del propio ministro Gallardón, en la que les informaba de la decisión del Ministerio de Justicia de asignarles la gestión de los registros civiles. Una decisión que, según consta en la misiva, su redactor ya conocía desde el pasado lunes por la tarde. Desde entonces, ya ha mantenido una reunión con el equipo de Gallardón para “iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia”, explica.
El decano de los registradores ha señalado también que Justicia está pensando en “reconsiderar” la actual demarcación registral así como del registro electrónico que “será diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por el Colegio”, ha avanzado. Sin embargo, desde el Ministerio se evita hablar de privatización del servicio porque afirman que “todos los trámites” seguirán siendo gratuitos, según declaraciones recogidas por agencias de comunicación.
Una opinión muy distinta a la que ya han mostrado algunos sindicatos. Desde CSIF se denuncia que la operación sí supone la privatización “de un servicio público financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870”. Además considera que con la entrega de este organismo a los registradores de la propiedad se “deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España”.
Una vez que se consume la llegada de los registradores, que son funcionarios públicos pero con despacho privado y tarifas para cada caso, de ellos dependerán trámites como las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios, entre otros muchos y que supondrán un coste para los ciudadanos un coste aún sin cuantificar. Estas formalidades obligatorias fueron precisamente las que provocaron que el proyecto que ahora sigue adelante quedase bloqueado el año pasado.
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