La ministra de Empleo se ha escudado en un informe sobre el absentismo laboral, que cifra en 11,4 días al año las faltas al trabajo sin justificar de los españoles, para presentar su nueva vuelta de ‘tuerca’ a las leyes laborales. El Gobierno ha visto este jueves un informe sobre la futura reforma de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el objeto de incrementar la eficacia en la gestión del absentismo laboral injustificado y garantizar el buen uso de los recursos públicos que manejan estas entidades.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha dicho que las mutuas colaborarán en el control del absentismo laboral injustificado, si bien no ha explicado con qué instrumentos contarán para esa tarea, según una información de Efe.
Las mutuas vienen reclamando históricamente un modelo que les conceda más autonomía de gestión y les permita participar en el proceso de las altas médicas, ya que defienden que se esa manera se reduciría entre un 30 % y un 40 % la duración de las bajas de los trabajadores.
Báñez ha destacado que en España se pierden al año una media de 11,4 días por trabajador por absentismo tanto justificado como injustificado, superior a la media de países como Finlandia (8,4 días), Dinamarca (7 días), Canadá (6,8 días) y Estados Unidos (4,9 días). Ha señalado que “no es la primera vez” que el Gobierno acomete medidas contra el absentismo y ha recordado que la tasa en 2012 fue del 4,3 %, “medio punto menos que en los años 2010 y 2011, que era del 4,9 %”.
Por tanto, la ministra ha resaltado “el esfuerzo de la sociedad española -trabajadores y empresas- para luchar contra el absentismo”. La titular de Empleo ha hecho hincapié en que el Gobierno acomete esta reforma porque se trata de “una obligación legal” pero también por “seguridad jurídica” y para corregir las irregularidades detectadas en “multitud de sentencias” del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
Además, Báñez se ha referido a los informes de la Auditoría de la Intervención y del Tribunal de Cuentas, y ha recordado que las mutuas han sido objeto de expedientes por parte de la Comisión Nacional de la Competencia.
Por ello, ha dicho es “bueno” modernizar y actualizar la normativa sobre estas entidades colaboradoras con la Seguridad Social. Báñez ha insistido en que la futura ley permitirá mejorar la gestión en los riesgos laborales, así como en la asistencia sanitaria a los trabajadores de baja por incapacidad temporal. Ha explicado que la reforma tiene un “doble objetivo”: garantizar que las mutuas “destinan los recursos públicos a fines públicos” pero también incrementar “la transparencia y la eficacia” y contribuir a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, la ministra ha confiado en que la reforma consiga disminuir la elevada denegación de solicitudes en las prestaciones por cese de actividad de los autónomos, una ayuda por la que cotizan voluntariamente los trabajadores por cuenta propia y que es gestionada por la mutuas. El informe será sometido la próxima semana a consultas por parte de los interlocutores sociales y las comunidades autónomas.
Respecto a estas últimas, el Gobierno quiere «facilitar» los convenios de colaboración con las mutuas “para mejorar el tratamiento de la incapacidad temporal”. Báñez ha avanzado que, con toda probabilidad, el Consejo de Ministros del 20 de diciembre dará luz verde al anteproyecto de ley que iniciará su tramitación parlamentaria con la intención de que a finales del primer semestre de 2014, la ley “esté totalmente aprobada”.
Según ha relatado la ministra, las mutuas, que cuentan con una plantilla de 24.000 empleados, gestionaron el pasado año recursos por valor de 8.500 millones de euros. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que gestionan las contingencias profesionales de casi 13 millones de trabajadores, las comunes de más de 11 millones y el cese de actividad de casi 600.000 autónomos. El año pasado, las mutuas ingresaron 5.300 millones de euros en concepto de cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes y 131 por cese de actividad.
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