El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y, entre otras medidas, el exhibir pancartas ‘ofensivas’ hacia el país se sancionará con multas de entre 1.001 y 3.000 euros. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su Departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.
«Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave», ha puesto como ejemplo el ministro, según una información de varias agencias.
Sin embargo, preguntado después por una manifestación en la que se coreen consignas contra la unidad de España o de alguna autonomía, Fernández Díaz ha reconocido que no entrarían dentro de este supuesto sancionable si se produjesen dentro de la legalidad y sin violencia.
«Si es pacífica y dentro de los límites legales, me parece que no sería insulto o vejación más allá de que podamos estar en contra», ha reconocido antes de apuntar que, en el caso de la quema de banderas, si los hechos no son considerados delito, «no cabe duda» de que «incurriría de lleno en esa conducta tipificada como infracción grave».
Otro de los supuestos por el que ha sido preguntado ha sido el de las pitadas al himno de España en los estadios de fútbol. Fernández Díaz ha puntualizado que este caso está ya contemplado y sancionado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte.
El ministro ha defendido la oportunidad de la ley y ha recordado que en la reforma del Código Penal ahora en tramitación desaparecen las faltas, pasando algunas a ser consideradas delitos leves y otras quedan destipificadas. Es de éstas de las que se ocupará la ley de Seguridad Ciudadana. Según ha recordado, el derecho de manifestación se ha ejercido «ampliamente» en los dos primeros años de esta legislatura.
Pero además, ha defendido que, con el régimen sancionador, el Gobierno no pretende otra cosa que garantizar «más y mejor» la convivencia de los ciudadanos y castigar y aislar a los grupos violentos. «El único objetivo es castigar la violencia, proteger a los ciudadanos de comportamientos incívicos y del vandalismo», ha sostenido ante las críticas que acusan al Gobierno de promover este texto legal para frenar las protestas ciudadanas que se suceden durante los últimos años.
Fernández Díaz también ha calificado como «absolutamente necesaria» la protección que se otorga a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, castigando tanto los insultos y amenazas a los agentes como la toma de fotografías atentando su derecho al honor o la intimidad.
Sin embargo, estas conductas han pasado de ser consideradas faltas graves o muy graves en los borradores iniciales manejados por el Gobierno a tener la tipificación de infracción leve en el texto aprobado este viernes. El ministro ha asegurado que esta rectificación ha sido objeto del largo trabajo realizado junto al resto de ministerios.
«Quiero destacar que hasta ahora los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tenían esa especial protección –ha subrayado–. Y es una protección que nos parece justa, legítima y necesaria. Y van a ser tipificadas como infracciones leves, que en los tiempos actuales nos parece una protección suficiente siempre que no sea constitutivo de delito».
Fernández Díaz ha hecho especial hincapié en asegurar el carácter «garantista» de la legislación, siguiendo los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Según ha recordado, la sociedad ha sufrido notables cambios desde el año 1992, fecha de la que data la legislación actual, y es necesario responder ante la aparición de nuevas conductas violentas «y antisociales».
Antes de ser remitido a las Cortes Generales, el texto deberá someterse a los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Justicia.
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