La alcaldesa de Madrid ha transferido más de 18 millones de euros de la caja reservada al Servicio de Ayuda a Domicilio para abonar “intereses de demora por retrasos en el pago a proveedores” y “procesos expropiatorios”. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha restado más de 18 millones de euros de la caja reservada al Servicio de Ayuda a Domicilio para abonar “intereses de demora por retrasos en el pago a proveedores” y “procesos expropiatorios”.
Según una información de El Mundo, este ‘trasvase’ se aprobó en la Junta de Gobierno del pasado 31 de octubre, sólo siete días antes de que la alcaldesa comunicara que el dinero destinado a las cuestiones sociales se mantendría en las cuentas municipales de 2014.
En el Área de Economía y Hacienda justifican que el traspaso de dinero de una partida a otra es una «posibilidad» que «se contempla tanto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como en las Bases de Ejecución Presupuestarias que se aprueban anualmente».
Desde la secretaria general de Asuntos Sociales de Madrid han asegurado al citado diario que “el presupuesto, por definición, es una previsión. Esta previsión, que se conoce como presupuesto inicial, puede experimentar distintas alteraciones a lo largo del año, a través de modificaciones de crédito, ampliaciones, etc., que acaban conformando lo que se conoce como un presupuesto definitivo”.
En esta transferencia de fondo, en Economía y Hacienda explican que esos 18 millones de euros “no están comprometidos contractualmente”, ya que este año se ha destinado 149 millones para la asistencia a personas mayores en sus casas. Una cantidad “suficiente para atender los correspondientes gastos”.
El presunto remanente en la caja para financiar la atención a personas mayores contrasta, por ejemplo, con el hecho de que la Administración Local introdujera el pasado mes de julio el copago en la teleasistencia para los nuevos usuarios y que se hará extensivo a los que ya la recibían a partir del próximo 1 de enero. En su día, la alcaldesa de la capital justificaba esta medida por la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid de 2003 y por la necesidad de “cuadrar cuentas” para hacer sostenible el sistema, según informa Europa Press.
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