Este colectivo convocará concentraciones en los juzgados en torno al 20 de noviembre. El Consejo General de la Abogacía Española prepara concentraciones en los juzgados para el próximo 20 de noviembre para protestar contra la Ley de Tasas, coincidiendo con el primer aniversario de la aprobación de la polémica norma.
El jueves por la tarde, Carlos Carnicer, el presidente de la Abogacía Española, ya anunció dichas movilizaciones en el Colegio de Abogados de Madrid, donde se celebro un debate sobre los efectos negativos que está teniendo la nueva normativa de tasas impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, que consideran aleja a la ciudadanía de la Justicia.
Y esta semana la Comisión Permanente aprobará el calendario de las movilizaciones para demostrar que esta ley no tiene sentido y que es necesario que desaparezca, tal y como informaron a elboletin.com desde el órgano que representa a los 83 Colegios de Abogados de España.
Estas fuentes explicaron que las movilizaciones serán concentraciones ante los Juzgados similares a las que se organizaron cuando se conoció la normativa.
De momento, los abogados están ‘calentando’ el ambiente previo a las movilizaciones con una campaña en Twitter con el hashtag. #StopTasasJudiciales
Agilizar la resolución de los recursos
El pasado mes de octubre, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, remitió una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pidiendo que “se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales”.
Y es que Carnicer considera urgente “paliar el efecto muy grave” que tienen las tasas judiciales tanto para los ciudadanos, ya que no pueden acceder al derecho a la tutela judicial efectiva, como para los tribunales, que carecen de criterios para conocer la realidad social por las trabas puestas a los ciudadanos para acceder a la Justicia.
El Tribunal Constitucional recientemente ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias y la Diputación General de Aragón contra la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Estos recursos se suman a los ya presentados por la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista.
