La Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía ha contestado a as críticas del PP al asegurar hoy a EL BOLETÍN que todas las investigaciones que se han llevado a cabo en el asunto de la trama de corrupción relacionada con cargos del PP, el ‘caso Gürtel’ “son siempre bajo orden y conocimiento del juez que haya abierto las diligencias”.
Por esta razón, rechazaron la avalancha de críticas que ha recibido la investigación policial, asegurando que, aunque el juez no conozca concretamente el contenido del informe sobre la presunta financiación ilegal del PP, “no significa que no haya ordenado que se investiguen una serie de cosas, que han culminado posteriormente en este informe”.
Asimismo, informaron que “hasta que no haya sentencia”, no se puede hablar de validez o no, es una simple investigación que el juez deberá valorar una vez le es entregada”.
Esta fue la respuesta de la Policía Nacional ante las voces críticas que han puesto en duda tanto la validez como la legalidad de este informe. En este sentido, el secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que es uno de los supuestos implicados de la financiación ilegal de su partido, aseguró que el informe ha sido “intencionado e instigado desde el Ministerio del Interior”, señalando directamente al ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el que ha ordenado llevar a cabo la investigación. Además, Costa, informó que el PP va a presentar una denuncia “contra quien mandó confeccionarlo y contra quien lo redactó”.
Sin embargo, Costa reconoció que “el PP se ha equivocado al trabajar con Orange Market”, aunque luego aseguró que no piensa dimitir.
Por otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, anunció también que presentará una querella por injurias, al considerar que las informaciones publicadas, que le relacionan con una supuesta financiación irregular del PPCV, atentan a su honor.
También se unió a las críticas el vicesecretario de Política Autonómica del PP y líder del partido en Andalucía, Javier Arenas, que esgrimió la “persecución política” que está sufriendo su partido, alegando que “nunca en los 30 años de democracia se ha hecho un uso político de algunos fiscales y algunos policías”.
Mientras, el líder del PP aseguró estar “muy tranquilo”. En este sentido, Mariano Rajoy también aprovechó para asegurar, en una entrevista realizada ayer en Onda Cero, que “es un caso terminado”, al tiempo que ha mostrado su apoyo al presidente del PP de Valencia, Francisco Camps.
Por último, desde el Ministerio de Interior evitaron contestar a las preguntas de este diario, y rechazaron entrar en valoraciones acerca de las acusaciones del PP.
Añadir que el PP recurrió a la teoría conspiratoria sobre la “persecución” contra su grupo para poner en duda el informe policial. Así, según el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, “puede ser un montaje”, y apuntó a que es el Ministerio de Interior quien lo ordenó, ya que “ni jueces ni fiscales lo reclamaron”.
Además de las críticas del PP, el informe policial que ha acaparado esta mañana la portada de dos de los periódicos con mayor tirada nacional como son El País y El Mundo ha provocado que en la Comunidad Valenciana se hayan desatado los rumores sobre la posibilidad de una nueva imputación a Francisco Camps y a Ricardo Costa, entre otros.
“El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana no tendrá más remedio que imputarlos por estas revelaciones” han asegurado a EL BOLETIN observadores políticos de la región. El eco de este informe en el panorama político hace presagiar que ya poco puede hacer la amistad del ‘molt honorable’ presidente valenciano con el responsable del tribunal valenciano Juan Luis de la Rúa. “Es verdad que lo rechazó, pero no había salido tantos nuevos datos a la luz” explican quienes defienden la reapertura de este caso.
Muy frescas están las imágenes de cargos del PP en Palma de Mallorca que, esposados, han ido desfilando por los juzgados y sobre los que, todo hace presagiar, caerá el peso de la ley. Situación que hace presagiar que, si se repite la instrucción judicial a Francisco Camps y a Ricardo Costa las consecuencias no sean las mismas que hemos vivido en los últimos meses.
Por si esto no fuera suficiente, muchas voces en la Comunidad Valenciana recuerdan que, aunque sin ruidos y en silencio, la investigación sobre la relación de cargos del PP con una red de empresas corruptas sigue “latente” en los tribunales de la Comunidad de Madrid, mucho más neutrales que los del levante. Sea cual sea el que decida actuar, lo que queda muy claro es que la Justicia es lenta y habrá que esperar.
