Los siete concejales presentes en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago que aprobó el pasado 30 de mayo pagar los gastos de defensa al edil Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’, han recibido un auto en el que se les imputa por prevaricación al tomar esta decisión. Los siete concejales presentes en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago que aprobó el pasado 30 de mayo pagar los gastos de defensa al edil Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’, han recibido un auto en el que se les imputa por prevaricación al tomar esta decisión. Esta decisión supone que diez de los 13 ediles con los que cuenta el PP en la corporación compostelana están imputados en alguna causa judicial.
Según Europa Press, a los ediles ahora imputados María Pardo, Amelia González, Juan de la Fuente, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello y María Castelao hay que añadir que un total de tres miembros del actual equipo de Gobierno compostelano están salpicados por la ‘Operación Pokémon’, que investiga una supuesta trama de obtención de contratos públicos en diversos ayuntamientos a cambio de sobornos.
En esta causa permanecen imputados el propio alcalde de Santiago, Ángel Currás; la edil de Juventud y Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez; y el concejal de Deportes, Adrián Varela. A ellos habría que añadir a Albino Vázquez, quien dimitió como edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana tras quedar libre bajo fianza de 15.000 euros después de declarar ante la jueza Pilar de Lara por su implicación en la ‘Operación Manga’.
Asimismo, permanece imputado por la juez instructora de la ‘Pokémon’ el concejal socialista Bernardino Rama, a quien el juez José Antonio Vázquez Taín ya había involucrado en la causa que investiga el supuesto amaño de obras para beneficiar a la empresa Montebalsa.
El PSdeG cuenta con nueve concejales en la corporación compostelana. En la operación derivada de la ‘Pokémon’ también fue imputado Gerardo Conde Roa, quien dimitió en abril de 2012 como alcalde de Santiago acusado de un delito fiscal por no haber abonado a la Agencia Tributaria más de 291.000 euros correspondientes al IVA de la venta de 61 viviendas, una causa por la que ya fue condenado. Tras haber pasado por prisión preventiva, también permanece imputado el que fue asesor de Conde Roa y jefe de gabinete, Ángel Espadas. Asimismo, en la Pokémon también están imputados el jefe de gabinete del alcalde compostelano, Francisco Castro Allegue, y dos funcionarios municipales.
A finales de mayo ya había sido imputado el concejal del PP Juan de la Fuente, en su caso por un supuesto delito de falsedad documental en relación al caso de unas facturas supuestamente falsificadas para el cobro de subvenciones del Ayuntamiento por parte de asociaciones de vecinos. Otra causa en la que había sido imputado el actual regidor de Santiago a raíz de una denuncia de un agente de la policía local fue finalmente sobreseída. Esta causa también fue archivada en relación al exalcalde Gerardo Conde Roa y a la exasesora para la coordinación de los cuerpos de seguridad en Santiago, Mar Hinojosa, pero permanece imputado el exconcejal Albino Vázquez por supuesta prevaricación.
De esta forma, del grupo municipal del PP en Santiago de Compostela sólo permanecen sin ninguna imputación la primera teniente de alcalde y concejal de Empleo y Turismo, Reyes Leis, así como Luís Meijide Rodríguez y José María Rosende Rico, ambos adscritos al Área de Participación Ciudadana.
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