El caso sobre la preunta manipulación del Plan General de Organización Urbanística de Valladolid, que salpica al alcelde de la ciudad y a la Junta, ha acentuado las tensiones en el PP regional. La Fiscalía de Valladolid ha pedido al juez que instruye el proceso por la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad que amplíe el auto de imputación para incluir al alcalde, el ‘popular’ Javier León de la Riva. La decisión del magistrado no se conocerá hasta principios de 2014, pero el caso ha salpicado al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, lo que ha ampliado el cisma abierto en el PP de la región.
En un recurso presentado a la Audiencia, la Fiscalía pretende a estrechar el cerco contra León de la Riva, el concejal Manuel Sánchez y del que fuera administrador de la mercantil Área Especial, Ramón Herrero Merino. El propio fiscal general de Estado, Eduardo Torres Dulce, señaló ayer que no ha dado instrucciones al departamento de Valladolid sobre el caso, pero alabó su “seriedad y rigor profesional” en la causa.
El proceso contra esta trama de corrupción ha salpicado también al consejero de Fomento de la Junta. El Grupo Parlamentario Socialista ha instado a Silván, a que “dé explicaciones” en la Cámara de la “connivencia” del Gobierno autonómico en el llamado ‘caso PGOU’.
Los socialistas consideran que el consejero tuvo participación activa en la presunta manipulación y sostiene que hubo un acuerdo entre el titular regional de Fomento y el alcalde de Valladolid para encubrir la trama.
Las disputas dentro de la división regional del partido tienen su máximo exponente en el enfrentamiento entre el propio León de la Riva y el alcalde de Salamanca y secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, designado como futuro candidato a la presidencia de la Junta por la propia dirigente ‘popular’ María Dolores de Cospedal.
El alcalde de Valladolid ha criticado también recientemente a la Junta en relación a la liberalización de horarios. “La competencia para declarar una nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) es suya y lo que hacen es pasar la pelota a los ayuntamientos”, aseguró el regidor el lunes sobre la aplicación de esta declaración que permite a los comercios abrir domingos y festivos y que le ha causado un conflicto con El Corte Inglés.
