El PSOE lleva al Constitucional la Ley de Costas de Cañete

El PSOE presenta este mediodía un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contras hasta 18 preceptos de la nueva Ley de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Los socialistas, tal y como explicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, a principios del verano, buscan tratar de “para” una norma que únicamente responde a “intereses privados”.

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, María Luisa Carcedo; el secretario federal de Ordenación de Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán; y el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Senado, Miguel Fidalgo, son los encargados de registrar esta iniciativa en el alto tribunal.

Según el borrador del recurso de los socialistas, el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba cree que esta ley va en contra de la Carta Magna en temas como de dominio público estatal. El PSOE, según explica Europa Press, señala que este dominio está definido por la ley, pero sería necesario incluir “la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.

Asimismo, recuerdan que la Constitución apunta que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y los poderes públicos están obligados a hacer un uso “racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Algo que no contemplaría esta norma.

Por otra parte, el PSOE ve arbitraria la decisión de prorrogar 75 años las concesiones en la zona de dominio público, ya que chocaría con las directivas de la Unión Europea.

Además de los socialistas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó el miércoles presentar también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas. Desde el Ejecutivo de Javier Fernández se asegura que esta normativa “fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima”, según recoge ‘El País’.

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