El PSOE madrileño persiste en su “batalla jurídica, social y política” para que la privatización de la Sanidad pública “no salga adelante bajo ninguna condición”. Para ello, y con motivo del inicio del curso político, han registrado una batería de iniciativas en la Asamblea regional para paralizar este proceso. Entre estas, los socialistas de Tomás Gómez exigen a Ignacio González las copias de los documentos de garantías presentados por Sanitas, HIMA y Ribera Salud para la firma de los contratos de estos centros.
“Resulta tremendamente sospechoso que hayan podido encontrar la garantía y queremos saber qué fiabilidad tienen”. Así lo ha explicado el portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, en un comunicado en el que pone en evidencia las dudas que los socialistas tienen en estas empresas.
Incertidumbres sobre Sanitas y Ribera Salud, pero, sobre todo en torno a HIMA-San Pablo. “Nos preocupa que una empresa que se va a hacer cargo de la salud de tantos ciudadanos y que está pendiente de resoluciones judiciales e investigaciones, tenga credenciales tan dudosas”, afirma Freire respecto a la investigación abierta en EEUU por los préstamos a HIMA.
Apenas cuatro meses antes de que el Gobierno de González formalizara la adjudicación a este grupo empresarial de la gestión de tres hospitales, una demanda del fondo federal de garantía de depósitos llegó a un tribunal de Puerto Rico y las autoridades bancarias estadounidenses subrayan que una filial de HIMA recibió un crédito de 5 millones de dólares sin apenas garantías, señala el PSM.
Junto a esta reclamación al presidente de la Comunidad de Madrid, los socialistas han solicitado la comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, para que “rinda cuentas” sobre la privatización de cada uno de los seis hospitales. Una proceso que se ha hecho “en pleno mes de agosto, con mucho oscurantismo, teniendo enfrente a profesionales sanitarios y ciudadanos, y sin esperar a que se resuelvan los recursos judiciales interpuestos ante instancias españolas y europeas”.
Todo esto se engloba una batería de iniciativas parlamentarias en la Asamblea regional en las que también se incluye que el sucesor de Esperanza Aguirre dé explicaciones ante una adjudicación que “está plagada de irregularidades” y que se ha llevado a cabo a pesar de los recursos judiciales “que aún están sin resolver”.
El PP, según Freire, “se ha dado mucha prisa por regalar los centros sanitarios (por valor de 5.000 millones de euros de dinero público) a empresas privadas de dudosa solvencia”.
