La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid (FETE-UGT) ha interpuesto un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para la admisión a trámite de la demanda por «presunta prevaricación» que presentó contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la consejera de Educación, Lucía Figar, por la contratación de profesores nativos para colegios públicos sin pasar por una convocatoria de plazas.
El sindicato explica en un comunicado que ha tomado esta decisión “dado que le ha sido notificado el Auto 32/2013 de fecha 15 de julio de 2013 mediante el que el Tribunal no ha admitido a trámite la denuncia presentada por este sindicato contra Figar y Aguirre por presunta prevaricación en la contratación irregular de nativos en IES bilingües de la Comunidad de Madrid, en contra del informe de la Fiscalía que por el contrario sí veía indicios de delito”.
FETE-UGT Madrid explica que ha presentado el recurso porque “considera que la resolución del TSJM no se ajusta a derecho dado que estas contrataciones, a juicio del sindicato vulneran de manera palpable los preceptos que sobre contrataciones existen en la función pública”.
Por otra parte, el sindicato alude en el recurso a indicios omitidos por el Alto Tribunal en su auto y que son muy importantes, entre los que cita “la posibilidad que tenía la Administración- y que no utilizó- de convocar las plazas a través del concurso- oposición y bolsas de trabajo, por lo que no habría “circunstancias de urgencia y necesidad”.
Añade que estas contrataciones han provocado desplazamiento de funcionarios y que no se haya llamado al profesorado interino habilitado y que estos hechos fueron denunciados por la Junta de Personal Docente, órgano amparado constitucionalmente, es decir, la Administración, a sabiendas, vulneró la legislación vigente en cuanto al acceso a la función pública provocando que terceros fueran o bien desplazados o no contratados.
Y hace notar que según declaración del propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, que se adjunta en la propia denuncia, “el actual marco legislativo no permite incorporar docentes en las plantillas orgánicas sin el proceso selectivo correspondiente”, por lo que acusan a Esperanza Aguirre de plantear públicamente la “insumisión” a la legislación vigente.
Además de los indicios, UGT recuerda en el recurso el informe del Ministerio Fiscal, que exponía con bastante exactitud la línea argumental cuya conclusión no puede ser otra que la de abrir una fase “de instrucción” al entenderse que “existen indicios relevantes de eventual relevancia penal”.
UGT recuerda que “contratos a los que se hace referencia en la demanda son `por obra y servicio determinado al amparo del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores y al amparo de Acuerdos de colaboración entre diversas entidades y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Dichos “profesores” deben reunir unos requisitos en cuanto a su propia formación (Ley Orgánica de Educación)” y que “en ningún caso pueden ocupar plazas establecidas o cubiertas por el personal funcionario y por ende no puede aplicárseles el régimen de funcionamiento de los profesores funcionarios, cosa que se ha venido haciendo en estos institutos bilingües”.
UGT, concluye que tanto la consejera de Educación, Lucía Figar, como la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, eran conscientes de la ley no permitía dichas contrataciones, por lo que anuncia que “agotará todas las vías jurídicas derivadas de este proceso, con el objetivo de defender la enseñanza pública y a sus profesionales”.
