La Comisión Europea ha iniciado el examen del procedimiento de la privatización sanitaria impulsado en Madrid por el Gobierno de Ignacio González tras la denuncia que el PSM presentó el pasado 26 de junio en Bruselas. Así lo ha anunciado Tomás Gómez, que ha desvelado que ayer recibió una comunicación de las instancias europeas al respecto.
Apenas unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado el recurso de los socialistas de la región y, por tanto, se levante la suspensión cautelar de la privatización de seis hospitales, Gómez ha señalado que este tema está sobre la mesa de Bruselas.
En concreto, la denuncia de “graves irregularidades de procedimiento” en el proceso de privatización de los hospitales de Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía que el propio líder del PSM presentó en Bruselas.
Esta denuncia señala que el contrato para la gestión de los hospitales enmascara en realidad un contrato de prestación de servicios de gestión, por lo que el concurso público debería haber sido publicado en el Boletín de las Comunidades Europeas de acuerdo con el artículo 22 de la directiva 2004/18/CE, lo que supone una manifiesta irregularidad y la vulneración de la legislación europea.
Al no haber sido así, según señalan los socialistas en un comunicado, “el concurso podría haber propiciado el reparto previo de los lotes a adjudicar entre las tres únicas empresas que se han presentado al concurso”.
Por ello, “solicitaban a la Comisión Europea que tomara las medidas previstas para este tipo de vulneraciones de la ley, iniciara un procedimiento de infracción del derecho de la Unión y dictaminara la retroacción de todo el proceso de privatización, lo que significaría en términos prácticos la nulidad del concurso llevado a cabo por la Comunidad de Madrid”.
Además de desvelar los trabajos de Bruselas a este respecto, Gómez ha anunciado que va a presentar un recurso de reposición contra el auto del Tribunal de Justicia de Madrid, ya que cuando se ordenó la paralización de las adjudicaciones se puso de manifiesto la existencia de «irregularidades» en el proceso.
“Hoy esas irregularidades siguen ahí, exactamente las mismas. Ante esas irregularidades no ha habido ningún pronunciamiento de los tribunales… Lo que se ha intentado es sacar del proceso a los denunciantes de las irregularidades”, ha asegurado.
Ante esto, “vamos a presentar un recurso de reposición. Vamos a pedir la nulidad de ese auto porque no respeta el artículo 51.1 y 51.4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, porque vulnera la legalidad vigente y por no tener en cuenta ese auto el escrito que presentamos ayer argumentando y defendiendo nuestra legitimidad para defender a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”.
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