El Ayuntamiento de Madrid estudia la posibilidad de utilizar más de 1.250 cámaras de vigilancia para identificar y multar a los «vándalos» autores de pintadas en los trenes del Metro y otras instalaciones o infraestructuras públicas, una medida para la que han encargado un estudio jurídico para ver si es posible.
Lo anunciaba esta semana el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Diego Sanjuanbenito, en declaraciones recogidas por Efe, en las que informaba que el Consistorio que preside Ana Botella ya ha encargado un informe jurídico para determinar si es posible utilizar en dicho objetivo más de 1.250 cámaras, entre ellas las de seguridad ciudadana, las de tráfico o las de control de acceso residencial.
Se recauda diez veces más
Sanjuanbenito reconoció que van a utilizar todas las cámaras que puedan con respaldo jurídico y lo justició asegurando que luchar contra los efectos del grafiti le cuesta al Ayuntamiento unos 9 millones de euros al año.
El delegado ha recordado que en la lucha contra el grafiti hace un tiempo fueron reforzadas las sanciones y que en los últimos años se ha notado porque «a mismo número de sanciones ahora se recauda diez veces más».
Esta ofensiva contra las pintadas se une a la que ha emprendido la regidora contra quienes se atreven a beber en la calle, una práctica que se combate con redadas masivas que sólo entre enero y marzo dieron lugar a más de 3.000 multas, según informaba en su día Abc.es.
Y es que, como recuerda 20minutos.es la ley prevé sanciones de 500 euros para los menores y 600 euros para aquellos que tengan más de 18 años y sean cogidos in fraganti practicando botellón. Además, desde junio de 2012 ya no es posible conmutar el castigo por trabajos en beneficio de la comunidad, según la última modificación de la ley regional, 20 minutos.es.
La normativa también castiga a los lateros, vendedores ambulantes que proliferan cerca de los lugares de ocio nocturno madrileño.
Los desesperados intentos municipales por obtener liquidez son evidentes a lo largo de toda la gestión de Ana Botella, y se hacen especialmente visibles en el Plan de Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid, que contempla la venta de numerosos activos de las empresas municipales más importantes.
Pero además hay que recordar sus numerosos intentos de vender viviendas sociales de la EMVS a fondos de inversión, la enajenación de las 113.000 plazas de aparcamiento para residentes, y la nueva ordenanza que permitirá que abran terrazas las tiendas, gimnasios y teatros que tengan bares, por poner algunos ejemplos.
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