La Consejería de Sanidad valenciana ha publicado una orden que obliga a las personas con enfermedades crónicas que estén en la región por periodos inferiores a tres meses, a acreditar con un informe clínico que padecen esa enfermedad crónica o, en su defecto, a llevar las recetas selladas de su autonomía de origen.
Si no existe esa acreditación, el médico está obligado a ordenar las pruebas necesarias para confirmar esa enfermedad y sería algo que, por tiempo y por economía, no sería factible, según fuentes de Sanidad consultadas por la Cadena Ser.
En cualquier caso, los servicios sanitarios podrán prescribir el medicamento, pero con recetas de pago, y el paciente deberá abonarlo, y luego reclamar el reintegro a los servicios sanitarios de su comunidad.
La Consejeria de Sanidad de la Comunidad Valenciana asegura que este sistema ya se aplica en otras comunidades, como Castilla-La Mancha, donde estaría en marcha desde hace un año.
En la práctica con esta decisión, Valencia rompe la unidad de la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional y establece una frontera, más que imaginaria entre unos enfermos y otros. Un paso que puede complicar más aún la supervivencia del Estado del Bienestar.
O al menos eso piensan algunos expertos relacionados con colectivos profesionales que consideran que el ejemplo podría cundir ahora en otras comunidades y fragmentar definitivamente el mapa de la asistencia sanitaria en el territorio.
