Cristina Cifuentes se ha encontrado con un nuevo problema. Un colectivo de indignados ha demandado a la Delegación del Gobierno en Madrid por las identificaciones masivas que ha ordenado realizar a la policía de un tiempo a esta parte. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVCDH) han acudido a los tribunales para denunciar la vulneración del derecho de libertad de expresión, asociación y tutela judicial cometido por este departamento.
Todo empezó con la identificación de inmigrantes que llevó a cabo la policía en barrios del centro y en estaciones del Metro. Los agentes pedían la documentación a los extranjeros para comprobar si todo estaba en regla, una medida contra la que las BVODH decidió actuar. Los miembros del colectivo salieron a la calle para visibilizar estas prácticas y expresar su rechazo a este mecanismo de control social que “diferencia, separa y criminaliza a muchas personas”, y a cambio obtuvieron multas y otras represalias por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Así lo indica este grupo de indignados en su página web (brigadasvecinales.org), donde explica las razones de la demanda que han interpuesto ahora contra el departamento que dirige Cristina Cifuentes. Aseguran que su único objetivo era denunciar este problema, ya que tienen documentados “más de 2.800 controles racistas, xenófobos y clasistas”, a través de dos informes (del 2010/2011 y 2011/2012), pero sólo han recibido “sanciones administrativas por parte de la Delegación del Gobierno como un medio para obstaculizar la respuesta ciudadana ante estos controles de identidad racistas”.
El colectivo ve en estas sanciones, y las que han venido después en manifestaciones y protestas contra el Gobierno de Mariano Rajoy donde se han producido identificaciones masivas, como parte de unas “políticas de violación de derechos sociales” y una “clara vulneración de derechos ejercida por el Ministerio de Interior a través de la Delegación de Gobierno”.
Por ello las BVODH presentaron una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra el departamento de Cifuentes ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y cuya vista oral se ha fijado para hoy en los juzgados de Gran vía 19.
El colectivo asegura que se ha producido una “vulneración del derecho a la libertad de expresión e información porque emitimos opiniones políticas basada en hechos reales, ciertos y conocidos como son las redadas racistas”. Asimismo, también ha habido “una vulneración del derecho de asociación pues se nos coacciona como colectivo visible en la denuncia de estas prácticas policiales que atentan contra los derechos más básicos de las personas”.
Por último, hablan de una vulneración de otros derechos como “la tutela judicial efectiva, la utilización de los medios de prueba pertinentes y la presunción de inocencia, porque consideramos que la actuación de Delegación va encaminada con sus sanciones a silenciar nuestra respuesta, hostigar al colectivo y de esta manera frenar las reacciones ciudadanas de solidaridad y apoyo mutuo”.
Sus demandas han sido secundadas en las redes sociales por colectivos del 15M como Democracia Real Ya!, ante el aumento de identificaciones en las protestas ciudadanas. A través del hashtag #DGaJuicio, los indignados cargan contra Cifuentes porque “las identificaciones aleatorias en movilizaciones sociales suponen una restricción al ejercicio de los derechos fundamentales”. Según denuncian, la delegada “ha incrementado la represión a través de las identificaciones aleatorias y las sanciones económicas”.
Asimismo, otros usuarios de la red social de microblogging apoyaban la demanda de las BVODH contra la Delegación del Gobierno en Madrid “por permitir las redadas racistas y criminalizar la protesta social” y por “su política de #burorrepresión que trata de amedrentar a la población a base de sanciones económicas”.
