La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, utilizó hoy, su discurso en el debate sobre el estado de la Región, para criticar las actuaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia económica, y anunció una serie de reformas que no tendrán en cuenta las medidas anticrisis anunciadas por el Ejecutivo.
La presidenta dedicó los primeros minutos de su discurso a criticar las reformas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las que calificó como “improvisadas” e “inútiles”, y pidió a Zapatero que aborde “reformas estructurales del más profundo calado”, y aseguró que entre estas “no está subir los impuestos”.
De esta manera, la presidenta anunció que, “independientemente de que el Gobierno central elimine la deducción por la compra de una vivienda en el IRPF en 2011”, su Gabinete se compromete a aumentar en un punto esta deducción.
Según Aguirre, “hasta que el Gobierno de Zapatero se decida a impulsar las reformas que necesita la economía española”, su Gobierno se dedicará a “paliar los efectos de la crisis y a generar confianza entre los agentes económicos”.
Por otro lado, la presidenta anunció que pretende “reforzar la figura del profesor”, y que las faltas contra ellos, tenga “una consideración más grave”, a través de una nueva Ley que llevará a la Asamblea, y que “concederá a todos los funcionarios docentes la condición de autoridad pública”.
Aguirre defendió esta ley alegando que “el ámbito de la educación es la mejor arma para afrontar los problemas de las crisis, actuales o futuras”. En su opinión, “educar es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada, respetando las instituciones, a sus mayores y tendiendo como límite la libertad de otro”.
Aguirre calificó esta ley como un “refuerzo” del denominado Decreto de Convivencia, aprobado en abril de 2007, y que fijaba las normas generales por las que debía regirse el comportamiento de los alumnos en los centros educativos, prohibiendo por ejemplo el uso del teléfono móvil en las aulas, e incluyendo normas como el cuidado de las instalaciones. Además, instaba a los centros a crear y desarrollar su propio reglamento interno.
En este sentido, Aguirre aseguró que, como forma de “implicar” a los padres, los directores de los centros tendrán que enviar estas normas a los padres, y estos deberán devolverlas firmadas.
Por su parte, el PSOE avisó a la presidenta que esa concesión “es competencia del Estado, y no de la Comunidad”, y que “la Fiscalía ya considera esta autoridad en los profesores”.
La presidenta anunció también otras medidas económicas, como la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la supresión del impuesto de Donaciones, el de Sucesiones y el de Patrimonio, así como la eliminación del recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas.
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