Esperanza Aguirre vive horas bajas. La lideresa ya no es lo que era. Ni siquiera en el PP madrileño, su antiguo señorío. Todo por culpa del avance de las investigaciones del juez Ruz sobre la trama madrileña del ‘caso Gürtel’.
Todo empezó a mediados de la semana pasada, cuando los abogados del Partido Socialista de Madrid solicitaron formalmente al juez Ruz que llamase a declarar a Esperanza Aguirre, “como testigo o de la forma que estimase conveniente”, para que explicase el troceo de los contratos que se efectuó durante sus años como presidenta de Madrid para poder adjudicárselos a empresas de la trama Gürtel sin el concurso preceptivo.
A partir de ahí, Aguirre se encontró por primera vez en un terreno ignoto para ella. Como los ‘ataques’ de medios de comunicación antes afines. Como por ejemplo, ‘El Mundo’ que desveló un supuesto informe de Hacienda en el que se revelaba que la Consejería de Presidencia de Madrid, que ocupaba entonces Alberto López Viejo –un hombre de confianza de la presidenta-, habría pagado en 2007 cerca de 178.000 euros a la trama Gürtel que, en realidad, sirvieron para financiar la campaña electoral del PP.
Aguirre lo desmintió todo en su ‘blog’ sin que el periódico haya acusado el golpe. Ni, casi se haya dado por aludido. Ese mismo día, al acudir a la Junta Directiva Nacional del PP, la lideresa ‘chupó’ cámara como siempre y pronunció su ya famosa frase: ‘me siento abochornada por la corrupción en el PP’, en referencia al ‘caso Bárcenas’ y también a otras informaciones del periódico de Pedro J. en las que se hablaba de la diputada y concejal Carmen Rodríguez Flores y unas supuestas cesiones de inmuebles que había recibido de empresarios ligados a la Gürtel.
Esperanza amenazó con llevar a Rodríguez al Comité de Garantías del partido y tuvo un cruce de acusaciones con el representante legal de esta veterana militante del PP que ha anunciado que presentará una denuncia contra el periódico. También le recordó a Aguirre algunos casos pasados, poco claros, como los supuestos espionajes entre militantes del partido.
La lideresa cumplió su palabra sólo a medias. El asunto de las presuntas propiedades de la diputada y concejala se trato en el Comité madrileño. En los ‘ruegos y preguntas’ de una sesión ordinaria. Sólo para recordar que la competencia del caso de Rodríguez corresponde al Comité Nacional, por su condición de diputada nacional.
Mientras tanto, lenta pero inexorable, la maquinaria judicial que empuja el juez Ruz sigue avanzando.
De momento, Ruz ha vuelto a citar como imputados al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y al exconcejal en este municipio José Galeote, así como a otras diez personas relacionadas con supuestas adjudicaciones irregulares del ayuntamiento a empresas de la trama Gürtel. Todos tendrán que comparecer los próximos días 16, 17 y 18 del presente mes.
Tal y como recoge la agencia Efe, el juez Ruz ha emitido un escrito en el que ha atribuido a los cargos de Boadilla la recepción de «regalos y entregas en efectivo» a cambio de contratos, que ascenderían al menos a 637.000 euros en el caso de González Panero y a 500.000 euros en el de Galeote y que ninguno de los políticos declararon a Hacienda.
González Panero, alias el ‘Albondiguilla’, y Galeote, según el juez Ruz, habrían invertido parte de esos fondos ocultándolos en una sociedad mercantil ubicada en Madeira, facilitada por el entorno de Correa. Esta inversión se habría transferido posteriormente a una cuenta del HSBC de Ginebra a nombre de la sociedad panameña Itelsa Development Group Corp.
Además, el exalcalde se habría valido de otras entidades para ocultar sus fondos de procedencia ilícita, manteniendo a tal efecto otra cuenta en el HSBC de Ginebra a nombre de la sociedad Longridge International SA, en la que figuraría como representante su entonces esposa, Elena Villarroya Samaniego. El juez ha indicado que González Panero habría utilizado esos fondos para invertir en bienes situados en Miami y en Marruecos.
