Javier Fernández-Lasquetty podría encontrarse con un nuevo proceso judicial. CCOO de Madrid ha presentado un requerimiento en la Consejería de Sanidad en la que exigen que se paralice el proceso de privatización de seis hospitales, ya que vulnera normas y principios constitucionales y legales del sistema sanitario público. El Gobierno regional tiene un plazo de diez días para contestar al sindicato, que ha advertido que si no se detienen estas externalizaciones acudirá a los juzgados.
Para el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, la situación provocada por el Gobierno madrileño es “especialmente grave y preocupante”, ya que trata de aplicar un modelo sanitario que no iba en el programa electoral del PP y que cuenta con el rechazo “aplastante” de la ciudadanía madrileña y de todo el sector sanitario. Las intenciones del Ejecutivo autonómico han generado una “alarma social” y han convertido la región en “un campo de juego de la batalla jurídica”, algo que queda patente con los numerosos procedimientos judiciales iniciados por organizaciones políticas, sindicales y sociales.
“Los madrileños no quieren esta privatización”, ha aseverado Cedrún, que ha dicho no creerse la justificación económica que defiende la Comunidad de Madrid para llevar adelante este proceso privatizador, ya que se ha demostrado que los conciertos sanitarios son “un pozo sin fondo”.
Asimismo, el secretario general de CCOO Madrid ha expresado su preocupación por las “sospechas de arreglo” en el concurso para la adjudicación de los seis hospitales, toda vez que las tres empresas que concurren lo hacen por distintos centros, lo que hace pensar en “un posible reparto” al haber una ausencia total de competencia, y lleva a pensar también en que lo que hay realmente detrás es “una operación clara de negocio”.
Por su parte, la máxima responsable de la Federación de Sanidad del sindicato en Madrid, Rosa Cuadrado, ha señalado que el “fin último” de este requerimiento a la Comunidad de Madrid es que “paralice un modelo que nos han impuesto y que no quieren los ciudadanos”.
Cuadrado ha desgranado también los motivos por los que se ha presentado este requerimiento, con el que CCOO denuncia la vulneración de las normas y principios constitucionales y legales rectores del sistema sanitario público y de la función pública.
En primer lugar, ha dicho, “la vulneración del derecho a la salud y a un sistema sanitario público, ya que lo presupuestado en los pliegos de condiciones (un 20% menos según Lasquetty) lleva a pensar en que habrá una rebaja de la calidad asistencial o una rebaja de las condiciones laborales, cuando no las dos cosas a la vez”. Por tanto, a juicio del sindicato, se va a hacer prevalecer el criterio económico sobre la atención sanitaria y habrá desigualdad en el acceso de los ciudadanos a determinados servicios sanitarios, ay que si son caros no se prestarán.
Asimismo, ha dicho Cuadrado, la segunda vulneración es la del “derecho a la función pública”, ya que quienes trabajan actualmente en estos centros son empleados públicos y a partir de ahora habrá un trato diferenciado de trabajadores que hacen tareas similares, existiendo una situación de discriminación hacia el personal temporal, que será contratado por las empresas concesionarias.
Por último, la responsable sanitaria ha denunciado que “las competencias de docencia e investigación que poseen estos hospitales, que son consustanciales a la Sanidad pública, no quedarán subrogadas a las empresas concesionarias, por lo que estas funciones docentes e investigadoras se perderían”, afectando a los residentes.
