El PSOE de Boadilla, una de las acusaciones particulares en el caso Gürtel, ha pedido al juez instructor del caso que llame a declarar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en calidad de testigo para que explique los contratos que realizó entre los años 2004 y 2008 con la trama Gürtel.
En el escrito remitido al juez, la acusación basa su solicitud en el informe que la Intervención General de la Administración del Estado envió el pasado 30 de abril al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que sostiene que la Comunidad de Madrid abonó casi 6,5 millones de euros a las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008 en 686 operaciones y que lo hizo vulnerando la ley de contratos públicos.
La IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, analizó 657 facturas y concluyó que «de forma habitual se ha fraccionado el contrato en cuantía inferior a los 12.000 euros para eludir los requisitos de publicidad y concurso público». Los contratos menores con las empresas de la trama Gürtel suman más de 5,3 millones de euros y los peritos acreditan que en actos por importe de más de 3,1 millones de euros se fraccionaron los servicios para eludir la ley.
El PSOE de Boadilla sostiene que “Esperanza Aguirre debía tener conocimiento directo -cuando no participación- de la forma en la que se contrataban las empresas”-. En este sentido, recuerda que estos contratos «eran coordinados en todos los aspectos, no sólo logistico o de imagen, sino de elección de empresas, precios o forma de pago de los servicios prestados, por parte de la Viceconsejería de Vicepresidencia», cuyo titular era el imputado Alberto López Viejo.
La acusación recuerda además que cuando López Viejo dimitió como diputado del PP y consejero de Deportes, Aguirre hizo unas declaraciones públicas (octubre de 2009) en las que afirmaba que en 2005 dio «instrucciones clarísimas» para no contratar ninguno de sus actos con la empresa Easy Concept y «me dijo que no me preocupara porque no la contrataban, pero contratábamos a otras que eran de los mismos dueños».
Además, Pablo Nieto recuerda que Aguirre “ocupaba la máxima posición jerárquica en el organigrama de la Comunidad de Madrid, lo que podría explicar la razón por la que ninguna Consejería habría puesto mayores problemas a la práctica”.
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