El sindicato de funcionarios ‘ataca’ a Montoro: los inspectores de Hacienda no pueden controlar a la Familia Real

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El sindicato de funcionarios ‘ataca’ a Montoro: los inspectores de Hacienda no pueden controlar a la Familia Real

El sindicato de funcionarios CSI-F ha defendido a los inspectores de Hacienda de las acusaciones del ministro Montoro, que ha achacado a los empleados públicos de la Agencia Tributaria varios de los “errores” con el DNI de la infanta. En un comunicado, el sindicato asegura que estos profesionales “no tienen autorización para controlar” a la Familia Real.

«El conjunto de los empleados públicos de la Agencia Tributaria no tienen autorizaciones para controlar a este tipo de perfil de contribuyentes” señala la nota del CSI-F, en la que se exige además que los responsables de Hacienda “den una explicación sobre lo ocurrido”.

Así, el sindicato de funcionarios se pregunta en el comunicado remitido “¿Qué departamento controla a este perfil de contribuyente?” o “¿Por qué han existido estas lagunas en el volcado de información en el sistema informático?”. Unas cuestiones que en su opinión tienen que tener respuesta, pues la Agencia Tributaria “dispone de suficientes medios de control” para evitar los “errores” cometidos en la información referente a la infanta.

Además, el CSI-F ha aprovechado la ocasión para denunciar los insuficientes medios humanos con los que cuenta Hacienda para hacer frente al fraude fiscal. De esta manera, tras el conocimiento de lo ocurrido en el caso de la hija del Rey, pone en duda “la veracidad de la información que la AEAT pueda suministrar a los órganos judiciales que se lo requieran, en la multitud de casos relacionados con el fraude fiscal que están en los tribunales”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atribuyó a “errores aleatorios” el informe que señalaba que la infanta Cristina había vendido trece fincas por 1,4 millones de euros. En dos de estos casos, apuntó que los fallos habían sido cometidos por funcionarios de la Agencia Tributaria, mientras que los otros once se atribuyen a los notarios que remitieron la información. Éstos últimos ya han defendido también su postura.

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