El Defensor del Pueblo ha decidido investigar de oficio si el Gobierno de Ignacio González vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores al pedir que algunas oficinas de empleo den prioridad a los parados que cobran prestación.
La Defensora del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para investigar si las prácticas promovidas por la consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid vulneran los derechos fundamentales, según informa la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet) en su página web.
Andet denunció en mayo ante la institución que dirige Soledad Becerril la posible “vulneración de derechos fundamentales” de la Comunidad de Madrid al pedir a algunas oficinas de Empleo que priorizaran la atención de unos parados sobre otros y ahora ha decidido iniciar una investigación.
El Gobierno regional pidió a un número escogido de oficinas que pongan en marcha un programa “piloto” para dar atención preferente con las ofertas de trabajo a los que cobran prestación y están entre los 20 y 45 años de edad, una iniciativa que fue rechazada tanto por los sindicatos como por la patronal madrileña.
La controversia fue tal que, incluso, provocó que el presidente de CEIM, Arturo Fernández, telefoneara al jefe del Ejecutivo regional, Ignacio González, para pedirle que diera marcha atrás en la medida.
Según la ANDET, el trato diferenciado según edad y cobro de prestación del usuario del sistema supone “la discriminación de todos aquellos trabajadores que se encuentran en situación de desempleo y que no cumplen con los requisitos arbitrarios impuestos bajo criterios de carácter económico, contraria a los artículos 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 35 y 14 de la Constitución Española, que recogen el Derecho de acceso al trabajo y la igualdad de trato de todos los ciudadanos”.
