En las filas de los profesionales de la Sanidad madrileña empiezan a aparecer críticas sobre la estrategia que el PSM ha impuesto ante la privatización de hospitales ideada por Ignacio González. En concreto, sobre sus constantes acciones judiciales.
Hoy mismo, el partido que lidera Tomás Gómez ha presentado dos recursos, uno contra la Consejería de Sanidad y otro contra el SERMAS, exigiendo la suspensión cautelar del proceso, algo que no comparte un sector de los sanitarios, que consideran que los socialistas deberían hacer oposición en la Asamblea y no en los tribunales.
Sobre todo, según han indicado a EL BOLETÍN algunos de estos profesionales, porque las medidas emprendidas por el PSM podrían no llegar a buen puerto. Los sanitarios creen que es muy probable que los recursos de los socialistas sean desestimados por los jueces al considerar que no tienen potestad para acudir a los tribunales, ya que no son parte afectada directamente por la externalización de la gestión de seis hospitales.
Es más probable, según la opinión de estas fuentes, que salgan adelante los recursos interpuestos por colectivos profesionales como la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), o el recurso que la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha anunciado que presentará en los próximos días contra la totalidad de los pliegos y para exigir la suspensión cautelar del concurso.
La ofensiva de los socialistas contra las medidas de Ignacio González comenzó el pasado mes de marzo, cuando cincuenta senadores del PSOE presentaron un recurso ante el Constitucional al entender que la decisión del Ejecutivo autonómico vulneraba el derecho de los ciudadanos al acceso a la Sanidad pública. Este recurso fue admitido a trámite, aunque Tomás Gómez ha decidido dar nuevos pasos en los tribunales para frenar las privatizaciones.
Hoy mismo el PSM ha registrado dos recursos contenciosos-administrativos, uno ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Consejería Sanidad y otro en los juzgados ordinarios contra el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), exigiendo la suspensión cautelar del desarrollo de los pliegos de privatización de los hospitales del Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía.
El partido considera que la “privatización es ilegítima porque no hay mandato para ello, rebasa normas en que la Comunidad no tiene competencias y se mete con artículos de la Constitución como el que asegura un sistema de Seguridad Social Público”. Asimismo, critica que hay irregularidades en el proceso que ha iniciado el PP, ya que se han modificado los pliegos para decretar una rebaja notable de la fianza a aportar por las empresas adjudicatarias, ante la posibilidad de los interesados en hacer ‘negocio’ no pudieran acreditar solvencia financiera.
Según ha indicado el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, “estos pliegos no sólo privatizan la gestión de los hospitales sino también la caja sanitaria de las poblaciones afectadas”, lo que a su juicio tiene graves consecuencias como son la gran desigualdad que generará entre territorios y la introducción de fórmulas económicas “absolutamente insólitas y poco razonables” por las cuales primero el gobierno entrega dinero a los empresarios para que luego, al año siguiente ajusten cuentas los empresarios con el gobierno, lo cual “no puede ser menos que delictivo”.
Y a pesar de las voces que han surgido entre los profesionales sanitarios contrarios a esta práctica, el PSM se ha mostrado decidido a recurrir a todas las instancias necesarias. Algo que, según ha recordado, ya demostró al sumarse a la querella penal interpuesta por AFEM hace unos días.
