La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho un guiño esta semana al SUP, el sindicato de la Policía Nacional más crítico con el Ejecutivo del PP, al pedir para los agentes un aumento de sueldo.
Cristina Cifuentes ha defendido esta semana una «justa retribución» para los policías nacionales dejando claro que, en su opinión, su salario es «muy bajo» y supone un «agravio comparativo inexplicable» con lo que cobran algunos policías locales, que supone el doble.
Cifuentes considera que esta situación es «incomprensible» y que el sueldo de los policías nacionales es de «una injusticia manifiesta», por lo que espera que se consiga una equiparación salarial. «Ojalá el Gobierno pueda hacerlo, aunque creo que no es el momento», ha apostillado.
Las declaraciones de Cifuentes a favor de que a los Policías nacionales se les suba el sueldo, dejando claro después que la decisión no es de su competencia, ha sido percibido como un intento de rebajar la tensión y de ‘desactivar’ el intenso activismo del SUP, mayoritario en el cuerpo y que se ha mostrado siempre muy beligerante con el PP.
El último ejemplo, y quizá el más fuerte, fueron los comentarios que hizo en Twitter el secretario general SUP, José Manuel Sánchez Fornet, que acusó hace unos días, el 29 de mayo, a los gobiernos de José María Aznar de vender armas a ETA en su lucha contra la banda terrorista. Una práctica que también ‘salpicaría’, según el portavoz de este sindicato a Mariano Rajoy, que ostentó la cartera de Interior, así como Federico Trillo, exministro de Defensa.
Pero el SUP también ha sido muy crítico con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz respecto a la forma de gestionar los escraches que convocó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) contra los desahucios. El SUP acusó entonces al Ministerio del Interior de «crear confusión entre la ciudadanía y los policías con sus anuncios mediáticos» y de poner «en evidencia el caos imperante» en el Departamento. Estas fuertes críticas las hizo el sindicato después de que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anunciara que se había ordenado prohibir los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de los políticos, aspecto que fue posteriormente desmentido por el ministro.
El SUP además defendió en un comunicado los escraches al considerar que «si no hay amenazas, coacciones, insultos y se limitan a informar o exponer un hecho, con la legalidad vigente, ningún ministro, secretario de Estado, director general o mando policial puede ordenar ninguna actuación”
Otro ejemplo de que no todo son mieles sobre hojuelas, como quiere hacer creer Cristina Cifuentes, es cómo el SUP le plantó cara cuando la Delegada del Gobierno se manifestó a favor de limitar el derecho de manifestación.
Inmediatamente, el Sindicato Unificado de Policía salió a la palestra para proclamar que «no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental». Y aunque dio la razón a Cifuentes en que Madrid es el «manifestódromo» y el «espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse», dejó claro que eso no son razones suficientes para modificar la Ley de reunión y manifestación.
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