El juez Ruz sigue con su frenética actividad de los últimos días en la instrucción del caso Gürtel. Ahora quiere que Hacienda analice la contabilidad del partido entre 1990 y 2015, y exige conocer al detalle los pagos registrados como ‘gastos de representación’.
En un auto conocido hoy, el magistrado pide a la Agencia Tributaria que le entregue toda la documentación que posea sobre las operaciones realizadas por el partido con terceros en esos 15 años y también lo correspondiente a las treinta empresa que figuran en los ‘papeles de Bárcenas.
Ruz concede, además, un plazo de diez días al responsable de la seguridad del PP en la sede madrileña de Génova que le de información sobre las visitas que realizaron a este edificio ocho empresarios, que han declarado como imputados en la pieza separada del caso Gürtel relacionada con los papeles de Bárcenas. El juez exige también los contratos que estas compañías han firmado con las administraciones públicas.
El juez de la Audiencia Nacional también solicita al partido que le envíe los cobros y pagos que ha recibido la dirección nacional del PP de 1990 a 2005. El instructor del ‘caso Gürtel’ ha decidido dar un nuevo impulso a la causa reclamando por primera vez la información de las operaciones económicas de las presuntas empresas donantes del PP.
Junto a la solicitud sobre los registros de visitas y los cobros y los pagos, Pablo Ruz solicita el soporte documental incluidas las órdenes de transferencias bancarias de las anotaciones incluidas como gastos de representación de 2004 a 2012. El magistrado considera que en estas operaciones se han podido esconder los pagos de sobresueldos a la cúpula del partido.
Asimismo, el juez ha pedido a la formación ‘popular’ los libros de contabilidad de varias sedes del partido en España. En concreto: Galicia, Málaga, Sevilla, La Rioja y Cantabria.
El juez ha elaborado su auto tras tomar declaración a los empresarios imputados en relación con la querella de IU. Tras estas comparecencias Ruz ha cursado varias órdenes de actuación, solicitadas previamente por el fiscal.
Algunos observadores consideraban hoy que Ruz quiere acelerar la instrucción ante la posibilidad de que no pueda culminarla. En septiembre de este año, termina su comisión de servicio y, es probable, que el caso quede en manos del verdadero titular del juzgado, Miguel Carmona, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Por eso Ruz estaría siendo extremadamente cauteloso con una instrucción polémica, que afecta al partido ahora en el poder y que le ha costado ya su salida de la judicatura a toda una estrella de la Audiencia Nacional como era Baltasar Garzón.
