UGT de Madrid advierte al Ignacio González que su plan de ‘colaboración social’ para los parados puede “vulnerar la Constitución” si los ayuntamientos utilizan esa fórmula para trabajos a los que sólo se puede acceder tras una oposición, como se temen los sindicatos.
El hecho de que la Comunidad de Madrid, que preside Ignacio González, obligue a los desempleados que cobren prestación a trabajar, hasta ocho horas, para los ayuntamientos si desean mantener la ayuda económica, ha provocado una verdadera tormenta en los sindicatos madrileños.
Según el nuevo plan, que se pondrá en marcha de forma inminente, ya que fue aprobado ayer en Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos podrán solicitar hasta cien desempleados en el próximo mes y, además, serán premiados con subvenciones regionales por cubrir estas plazas, unos trabajadores a los que no se les dará de alta en la Seguridad Social al tratarse de un servicio público.
Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT, aseguró en declaraciones a elboletin.com que aunque este plan se vende como un instrumento de formación en relación es sólo una posibilidad de mano de obra barata para los Consistorios, ya que sólo obliga a los ayuntamientos a dar 10 horas mensuales, o sea que de una jornada de ocho horas sólo media hora se utilizará para formación.
La dirigente de UGT explica que los Ayuntamientos recibirán 500 euros mensuales por cada parado que contraten para pagar la seguridad social y cinco euros por cada hora de formación que se imparta”.
Con el agravante, según recalca la representante sindical,de que los afectados no podrán buscar empleo porque estarán trabajando ocho horas diarias para el Ayuntamiento de turno.
Los parados que trabajen con esta fórmula para los Consistorios cobrarán su prestación de desempleo, ese será su salario, y se les abonará la diferencia en el caso de su puesto tenga una mayor retribución que lo que reciben del INEM, por lo que UGT de Madrid augura que los ayuntamientos van a ‘contratar’ a los parados que reciben las prestaciones más elevadas para los cargos son salarios más bajos.
La indignación de UGT Madrid es tal con este plan anuncian que estudiarán qué medidas legales pueden tomar, ya que consideran que la fórmula “podría vulnerar la Constitución española” en el aspecto de acceso a la Función Pública, si los Ayuntamientos la utilizan para contratar a estos parados a fin de cubrir puestos estructurales, en puestos que deberían hacer los trabajadores municipales después de aprobar una oposición, algo que no descartan debido que muchos Ayuntamientos han aprobado recientemente Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)para sus plantillas.
Por su parte, CCOO ha denunciado que con esta orden, la Consejería de Empleo «sigue empeñada en dirigirse a los únicos colectivos que no pueden negarse a realizar trabajos en los que ni se les contrata ni se les da de alta en Seguridad Social (solo cotizarían por accidente de trabajo y enfermedad profesional), a cambio de un pequeño complemento económico (en muchos casos no superior a 200 euros al mes por jornadas de 8 horas diarias), a la vez que contenta a los Ayuntamientos que tendrán mano de obra barata para realizar trabajos que deberían realizar trabajadores del propio Ayuntamiento».
Además, este sindicado asegura que este complemento gravará la tributación del IRPF a los desempleados participantes, pues al tener dos pagadores, tendrán la obligación de cotizar si superan los 11.000 euros (con un pagador son 22.000), lo que les llevará en muchos casos a perder dinero en el caso de que participen en el programa, cuando tengan que hacer su declaración de la renta.
«Pero el desafío de nuestros responsables políticos en materia de empleo no ha terminado: para poder vender la medida como una “política activa de recualificación profesional”, los desempleados recibirán la ingente cantidad de 2 ó 3 horas de formación a la semana, en muchos casos ni siguiera relacionada con el puesto de trabajo», añade CCOO.
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