Los postgraduados que se endeudaron para estudiar piden una moratoria hasta que el Gobierno reduzca el paro juvenil

Muchos de los jóvenes que se endeudaron para estudiar un master o postgrado se encuentran en una complicada situación: tienen que empezar a pagar esta deuda, un crédito ICO que se concedió bajo la denominación ‘Préstamo Renta Universidad’, pero el problema es que ni siquiera ellos encuentran trabajo, aunque busquen algo que no encaje con su formación. Por ello, han pedido una moratoria hasta que el Gobierno “no sea capaz de garantizar una tasa aceptable de desempleo juvenil”.

Según explican estos jóvenes, que se han unido en la plataforma Afectados Préstamo Renta Universidad ICO, en 2007 se lanzó este programa que ofrecía una nueva línea de financiación para personas que desearan realizar cursos de postgrado y no tenían disponibilidad económica para ello. En aquel momento se estipuló que el interés del préstamo sería del 0% y se incluía la posibilidad de prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000 euros (y si se mantenía así 15 años desaparecía la deuda).

Estas condiciones animaron a muchos jóvenes a lanzarse a pedir dicho préstamo, pero las condiciones fueron endureciéndose en las siguientes convocatorias hasta llegar al curso 2010/2011, donde se eliminó por completo el límite de los 22.000 euros de renta anual para poder prorrogar su amortización. Es decir, en ese momento se estipuló que los jóvenes deberían devolver el préstamo aunque no se encontrasen trabajo. Además, recuerdan que este programa se derogó pocos días antes del plazo del curso 2011/2012.

Y ahora, dicen, la situación para muchos de los jóvenes a los que se les concedieron los préstamos es “dramática”, ya que a pesar de su formación son incapaces de encontrar trabajo y sus familias corren el riesgo de acabar en la ruina.

Por eso han pedido al Gobierno, el ICO y al Ministerio de Educación que les den una solución o alternativa, ya que los jóvenes no pretenden que se condonen sus préstamos. “Nuestra intención es pagar nuestras deudas en cuanto tengamos trabajo. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero pedimos que las autoridades competentes, que nos instaron a formarnos, asuman su responsabilidad por no haber velado por nuestro derecho constitucional al trabajo”.

Es por ello que solicitan no sólo una moratoria “hasta que el Estado no sea capaz de garantizar una tasa aceptable de desempleo juvenil”, sino también “que se paralicen los pagos de los prestatarios de convocatorias anteriores a 2010/2011 cuyos ingresos no alcancen los 22.000 euros anuales”.

También piden “que las autoridades competentes asuman su parte del contrato social implícito. El Estado debe ser consciente de que vivimos una situación excepcional, que ninguna de las partes contratantes previó en el momento de firmar el acuerdo, pero que el Estado tiene una mayor carga de responsabilidad en no haber previsto y evitado lo sucedido. Debe reconocer que se concedieron estos préstamos sin prever que la situación económica de nuestro país llegaría a los límites de precariedad y paro juvenil actuales. Mientras estas condiciones continúen, no se puede cargar la responsabilidad exclusivamente sobre los hombros de los jóvenes”, aseveran en su página web.

Ante ello, piden que se equiparen las cláusulas del préstamo 2010/2011 a las de las ediciones 2008/2009. Es decir, “que se haga frente al mismo cuando la persona deudora tenga un sueldo anual superior a los 22.000 euros”, y quieren que el “Gobierno y la banca lleguen a un acuerdo para que aquellos estudiantes que todavía no han podido hacer frente al primer pago producido durante mayo de 2013, no se vean desahuciados o se les impongan intereses de demora”.

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