CCOO de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas contra la reforma de la Ley del aborto que pretende realizar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El sindicato rechaza el anteproyecto de Ley del aborto que promueve el Gobierno el cual constituye un ataque frontal a la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres y ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma de movilización ciudadana change.org.
CCOO explica en el texto de la petición que “defiende el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, rechazando la vuelta a una situación de indefensión e inseguridad contra las mujeres y profesionales”.
Y denuncia que de “las declaraciones efectuadas por el Ministro de Justicia respecto a la reforma normativa que el gobierno del PP pretende realizar en relación a la interrupción voluntaria del embarazo” se desprende que el Gobierno “niega y penaliza el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad”.
Una nueva legislación que en palabras del propio Ruiz Gallardón, “prohibirá el aborto por discapacidad del feto” y donde, además, “el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse” como si no fueran fiables los informes profesionales preceptivos.
Los sindicalistas castellano-manchegos advierten que la reforma sería “una vuelta a la consideración del aborto como delito, que supondría un claro retroceso normativo, que eliminaría derechos básicos de las mujeres distanciándonos de la mayoría de las legislaciones europeas que sí reconocen la libertad y capacidad de las mujeres para decidir, y un claro retroceso ideológico, que responde a los intereses de los sectores más reaccionarios y a las presiones proferidas por la Conferencia Episcopal que recuerda al Ejecutivo su ‘lentitud a la hora de afrontar la reforma’”.
CCOO defiende la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque permite la autonomía y libertad de las mujeres, en relación a su sexualidad, a decidir sobre su maternidad y por tanto al aborto. Porque iguala la salud sexual y reproductiva, a cualquier otra área de la salud pública, garantizando la equidad en el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto de la ciudadanía, de manera que la aplicación de esta norma ha logrado la reducción de embarazos no deseados y la práctica eliminación de abortos clandestinos en España afectando a colectivos especialmente vulnerables.
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