El Ministerio de Trabajo podría estar preparando el terreno para eliminar las bonificaciones que reciben las empresas a la contratación. En declaraciones a la Cadena SER, Corbacho opinó que se debería someter a revisión el modelo, pues los incentivos para animar a los empresarios a contratar han perdido “su razón de ser” al haberse prácticamente “universalizado” para todos los colectivos.
En este sentido, no obstante, explicó que su intención no es suprimir estas bonificaciones, sino someter a revisión el sistema y hacer un “balance” del mismo para ver si los 2.800 millones de euros que cuestan anualmente son realmente eficaces o no. El titular de Trabajo explicó que este tipo de ayudas nacieron con la idea de impulsar la conversión del empleo temporal en fijo y de “discriminar positivamente” a determinados colectivos por sus dificultades para la empleabilidad.
Por otro lado, Corbacho adelantó que ya hay 26.000 desempleados sin ingresos que han solicitado la ayuda de 420 euros mensuales y recordó que las previsiones del Gobierno son que entre 500.000 y 600.000 desempleados acaben beneficiándose de esta renta. Antes, el Congreso debe aprobar que la medida sea retroactiva desde el 1 de enero. El titular de Trabajo, además, matizó sus declaraciones de ayer y señaló que el Gobierno no contempla que la tasa de paro vaya a superar el 20% y que no se revisarán por tanto las previsiones.
Respecto al diálogo social, Corbacho lo calificó de “herido, pero no muerto” y en una fase de “rehabilitación y pronto restablecimiento”.
Señaló que no hay fecha concreta para sentarse de nuevo a negociar e insistió en que sería “muy buena señal”, para pasar a un diálogo más amplio, que sindicatos y empresarios fueran capaces de desbloquear la negociación colectiva para evitar un ‘otoño caliente’.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se reunirá el jueves con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF para retomar el diálogo social en la función pública y tratar de alcanzar un acuerdo que incluya el incremento salarial para el año próximo. El Ministerio de Presidencia ha informado de que el objetivo es propiciar un acuerdo entre el Gobierno y sindicatos mayoritarios que impulse la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos en el futuro.
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