Acabar con el paro no es la prioridad del Gobierno español. O, al menos, eso se desprende del Plan de Estabilidad recién enviado a Bruselas que vuelve a situar el control del déficit como el eje de las política económica de Rajoy.
Es el precio a pagar, según la versión de algunos comentaristas, por los dos años adicionales de plazo de que dispondrá el país para reducir su déficit a una cifra inferior al 3%. Y se basa en conseguir, de la manera que sea, que la cifra final del año se situé en el 6,3%. Como máximo.
Según este documento, al que hacen referencia hoy la prensa nacional, España aún no está en condiciones de cambiar de rumbo y apostar por el crecimiento económico. Vienen más recortes, al menos 3.000 millones, y la cifra podría aumentar si se producen desviaciones presupuestarias adicionales que hicieran necesarios nuevos tijeretazos.
De hecho, más del 50% del ajuste comprometido afecta a las políticas que deberían servir para combatir el paro. La mayor partida, 1.000 millones de euros, se retirará del paquete de medidas activas para promover el empleo.
El recorte afectará también en otros 1.000 millones a los ministerios, en especial a los capítulos de subvenciones y transferencias a las comunidades autónomas para sus políticas sociales.
Otros 800 millones, en este caso de ingresos extra, se derivarán de los ingresos que proporcionen los nuevos impuestos sobre el consumo que van a aprobarse. Además, como ya anunció el Gobierno, las subidas temporales que se aplicaron en el IRPF, el IBI y el impuesto de sociedades seguirán vigentes de momento.
Y quizá haya que sumar nuevos tributos autonómicos y municipales puesto que los gobierno locales y regionales deberán cumplir un año más los objetivos de déficit más estrictos, al haberse guardado para si el gobierno central todo el margen adicional que proporcionará la UE.
Esa combinación de reducción del gasto público y endurecimiento de la fiscalizad, presumiblemente, llevará a la economía española a profundizar en la recesión. El ‘mix’ no parece el más adecuado para ‘batir las previsiones negativas’ que acaba de presentar el Gobierno.
Además si lo consiguiera, eso tampoco redundaría en beneficio de la creación de empleo. En el texto, del Plan de Estabilidad España se compromete a utilizar cualquier beneficio que pudiera proceder de un crecimiento mayor del esperado para cumplir los objetivos de reducción del déficit público.
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