María Dolores de Cospedal ha vuelto a chocar con los tribunales por sus recortes. Si hace unas semanas era por el cierre de las urgencias nocturnas, ahora la Justicia ha cargado contra la presidenta de Castilla-La Mancha y su ERE en la empresa pública Geacam. El Tribunal Superior de Justicia de la región ha anulado este expediente, que afectaba a casi 1.800 trabajadores de la lucha contra los incendios, por “fraude de ley”.
Unos despidos en los que Cospedal aplicó el ‘estilo Bárcenas’ de las simulaciones e indemnizaciones en diferido. Pero, el Alto Tribunal ha rechazado la ‘ingeniería laboral’ de la secretaria general del PP y presidenta manchega. Y, en concreto, su solución para dejar de costear la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).
La plantilla de la prevención y extinción de incendios en esta región estaba contratada como empleados fijos y trabajaba durante todo el año. Algo que la Junta decidió modificar con un ERE, y estos trabajadores fueron despedidos el 31 de octubre de 2012. Tras cuatro meses sin empleo, fueron de nuevo contratados como fijos-discontinuos el 1 de marzo. De esta manera, de pasar a trabajar 12 meses, lo van a hacer ocho, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas manchegas.
Un plan que a la vista del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha supone que el Gobierno de Cospedal ha cometido “fraude de ley”. En una sentencia, este órgano ha asegurado que en vez de realizar una “extinción contractual”, lo que hace la Junta es “una simulación de extinción contractual” con “promesa de recolocación diferida”.
Por ello, el Alto Tribunal ha decidido anular este ERE, así como las “medidas denominadas como de ‘novación a empleo estable’ o de ‘recolocación diferida’ o ‘extinciones parciales”. “Realmente se trata de conversiones definitivas de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial o fijos discontinuos”, ha asegurado ‘Vozpopuli.com’ respecto a la mencionada sentencia.
Esta decisión se produce tras la denuncia presentada por CCOO, que decidió desmarcarse y no apoyar este expediente como sí hicieron los sindicatos UGT, SATIF y SIBF. Y es que, no es la primera vez que los tribunales declaran nulo un ERE en Geacam, ya que el pasado febrero hizo lo propio con el despido de 75 trabajadores de esta empresa pública que al final tuvieron que ser readmitidos.
A pesar de todo esto, la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el Supremo.
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