Alberto Ruiz Gallardón ha cargado duramente contra los escraches que lleva a cabo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a las viviendas de los diputados del PP. El ministro de Justicia ha asegurado que es inadmisible que una “minoría violenta” quiera convertir “en papel mojado la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas en un sufragio universal, directo y secreto”. “¿Para qué nos sirve la democracia si después una minoría va contra el criterio de la mayoría?”, se ha preguntado el ministro.
Quizás a Gallardón se le han olvidado algunas ‘pequeñas’ cosas, como por ejemplo que a principios de año la PAH presentó al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo pilar fundamental es la dación en pago, respaldada con 1,4 millones de firmas, una cifra récord de apoyo a una ILP. En aquel entonces, el partido en el Gobierno, el PP, anunció que no aceptaría su tramitación parlamentaria, aunque más tarde, rectificó y votó a favor de su admisión a trámite por la fuerte presión social. Posteriormente ha presentado una serie de enmiendas, que la PAH considera “inaceptables” por “desvirtuarla totalmente”. Por este motivo, la Plataforma ha recurrido a otras acciones, como los ‘escraches’.
En una entrevista en la Cadena SER, el que fuese alcalde de Madrid ha indicado que “lo grave” de los ‘escraches’ es que “se está intentando condicionar el voto de los diputados” para que aprueben una determinada normativa hipotecaria y sobre los desahucios.
Tras ello, ha asegurado que el Código Penal ya contempla una “respuesta adecuada” a este tipo de presión a políticos, y por ello esta conducta debe “tener una respuesta como la que estoy convencido que se va a producir por parte de la Fiscalía y, en su caso, de los tribunales”.
El ministro, que ha señalado que hay que “defender la libertad de voto de un diputado que ha sido elegido por el resto de los ciudadanos” y evitar “que una minoría condicione la voz de la mayoría”, ha insistido en que el respeto a la autonomía de los parlamentarios es algo “que tienen que garantizar todos los poderes públicos, entre ellos el Ministerio Fiscal”. En este sentido ha remarcado que “nunca” es aceptable “la violencia frente a un parlamentario” para resolver “ningún problema” por “legítima que sea una causa”.
En cuanto al problema de los desahucios, Gallardón ha dicho que es un asunto “muy sensible”, en el que hay que encontrar un “equilibrio” para evitar que la solución adoptada no impida que los bancos den nuevos créditos y se impida el acceso a la vivienda de la próxima generación. Al respecto ha remarcado que la dación en pago es una “solución fácil” que impediría la concesión de futuras hipotecas.