Montoro responsabiliza a las autonomías ‘derrochadoras’ de la posible retirada de ayudas a los trasplantes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha vuelto a poner la pelota de los recortes en el lado de las CCAA, y les ha advertido que será culpa suya si se ve ‘obligado’ a retirar las subvenciones destinadas a las actividades de donación y trasplantes de órganos a las autonomías que incumplan los objetivos de déficit.

“Iremos aplicando la ley en función del esfuerzo de reducción del déficit público por parte de las comunidades autónomas, no automáticamente”, ha dicho el titular de Hacienda cuando le han preguntado por la polémica medida.

Aunque el titular de Hacienda ha rechazado que su departamento tenga previsto penalizar de forma automática a las comunidades autónomas que han incumplido el objetivo de déficit, recortando por ejemplo subvenciones públicas como las destinadas al sistema de donación y trasplante de órganos, sí ha reconocido que la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece dichas penalizaciones, pero ha aclarado que se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por cada autonomía.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda ha enviado un comunicado en el que niega que se vayan a quitar las ayudas a trasplantes a las autonomías que incumplan con el déficit, pero en el que también reconoce en el informe de fiscalización previo de la Intervención Delegada de Sanidad se realizan “observaciones” sobre dichas subvenciones “para poner de manifiesto aspectos que convendría tener en cuenta”.

Lógicamente las ambiguas explicaciones de Montoro no han tranquilizado a la opinión pública y más después de que Organización Nacional de Trasplantes (ONT) haya avisado a las comunidades autónomas de que el Gobierno quitará las subvenciones destinadas a actividades de donación y trasplantes si no cumplen el déficit, según ha confirmado a Europa Press su director Rafael Matesanz.

Tras conocer la noticia, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha mostrado su rechazo a que se condicionen las subvenciones para la formación de profesionales en trasplantes al cumplimiento de los límites de déficit fijados a las CCAA.

Desde este colectivo, consideran que esta iniciativa «Se trata de una evidencia más de una política economicista que no tiene en cuenta el derecho a la salud de la población y que además peca de una miopía y falta de conocimiento de las repercusiones de los recortes en sanidad”.

Además, el presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, ha alertado en el Congreso de que la medida que estudia el Gobierno supone un ahorro a corto plazo que producirá la muerte de muchos inocentes.

En declaraciones a los medios antes de firmar un documento en la Cámara Baja junto con PSOE e IU en defensa de la sanidad pública, Sánchez Bayle ha subrayado que por encima de cualquier medida se encuentra la salud de las personas y sólo éstas «producirán la muerte y el sufrimiento a personas inocentes que no están relacionadas con el posible déficit que exista en una comunidad autónoma».

Con estas declaraciones, Montoro parece ocupar un lugar estelar en la lista de enemigos de los colectivos de defensa de la Sanidad Público, en la que también tienen un lugar destacado la ministra de Sanidad, Ana Mato, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, y el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

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