Alberto Ruiz Gallardón ha arremetido hoy contra Javier Gómez Bermúdez, aunque sin citarle, en un intento por tranquilizar a Luis Bárcenas ante la batalla campal que existe en la Audiencia Nacional por asumir los ‘papeles’ del extesorero del PP. Para ello, el ministro de Justicia ha recurrido al PSOE y la “sombra de sospecha” que existe por la “preferencia” de los socialistas en que este caso recaiga en el juez del 11M y no en Pablo Ruz.
Gallardón se encuentra entregado en cuerpo y alma a desactivar el ‘caso Bárcenas’ y evitar cualquier susto en todo lo que tenga que ver con el extesorero popular. Tal es su implicación en la misión que hace unas semanas le encomendó Génova, que hoy mismo no ha tenido reparos en sembrar dudas sobre el interés de los socialistas para que esta investigación sea asumida por Gómez Bermúdez.
“Si hay algo que arroja sombra de sospecha es que su señoría tenga preferencia en un juez sobre otro”, ha asegurado el ministro de Justicia en respuesta al diputado del PSOE Alex Sáez Jubero que previamente le había mostrado su preocupación por “las actuaciones que Anticorrupción viene desplegando en ‘caso Bárcenas’”.
“Actuaciones de la Fiscalía que”, según el diputado socialista, “entorpecen agilidad necesaria y busca apartar del caso a Gómez Bermúdez”.
Esta referencia del PSOE en la sesión de control sobre la figura del juez del 11M ha servido para Gallardón para insinuar una presunta relación o interés oculto de este partido con Gómez Bermúdez ante este caso. Con estas dudas el ministro no sólo desacredita a los socialistas, sino al propio magistrado de la Audiencia Nacional en plena batalla por hacerse con la investigación de la presunta contabilidad B del PP.
Una competencia, la de este caso, que, según fuentes populares, ni Génova ni la Fiscalía ni el propio ministerio quieren que asuma Gómez Bermúdez, que se posicionan a favor de Pablo Ruz, instructor del Gürtel, que dejará su plaza en septiembre.
Tras estas críticas, el exalcalde de Madrid ha dado la cara por la gestión que de este caso está haciendo el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y la Fiscalía Anticorrupción. “Pocas veces” ha existido “en democracia una Fiscalía con un titular al frente que haya actuado ajustándose más estrictamente al principio de legalidad, imparcialidad y autonomía”, ha asegurado Gallardón.
