Soraya Sáenz de Santamaría ha indicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “los tribunales deben actuar con independencia” a la hora de decidir si se imputa a Rita Barberá y Francisco Camps en el ‘caso Nóos’. La vicepresidenta ha señalado también que el Gobierno está trabajando para dotar a los tribunales de los mecanismos necesarios para “actuar” contra la corrupción.
La ‘número dos’ de Mariano Rajoy en el Gobierno ha señalado, al ser preguntada por la posible imputación de la alcaldesa de Valencia y del que fuese presidente de la Generalitat valenciana, que “la mejor forma de razonar ante la corrupción son los tribunales, y por la parte del Gobierno nos compete dar nuestros máximos instrumentos legales para prevenir y perseguir este tipo de conductas”.
Asimismo, en referencia a este tema, Santamaría ha mencionado que ya “se ha constituido un grupo de trabajo que va a poner en marcha distintas normas legales que afectan al control económico de los partidos”, y ha dicho, respecto a un posible pacto de Estado anticorrupción, que “hay un consenso amplio ante estas medidas”, por lo que “espero que podamos ir construyendo acuerdos”.
Poco antes de que la vicepresidenta del Gobierno se pronunciase sobre la relación de Barberá y Camps en el ‘caso Nóos’ hacía lo propio el fiscal general del Estado. Eduardo Torres-Dulce ha asegurado que no le ha sido planteada “en modo alguno” la posibilidad de imputarles.
“Que yo tenga noticia, todavía no se ha planteado esa posibilidad, cuando se plantee bien por el juez instructor del caso o alguna de las partes, los fiscales adscritos a ese caso me lo comunicarán, y yo tomaré la decisión correspondiente. Pero hasta este momento no se me ha planteado de modo alguno algún tipo de decisión en este sentido”, ha concluido Torres-Dulce.
De esta forma salía al paso el fiscal general del Estado respecto a las informaciones que aseguran que la Fiscalía Anticorrupción ha apreciado indicios de un posible delito de prevaricación de Camps y Barberá en relación con los contratos firmados por el Instituto Nóos entre 2004 y 2006, que hicieron que la fundación dirigida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres recibiese de las administraciones valencianas cerca de cuatro millones de euros.
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