La Comisión Permanente de Cáritas ha hecho suyos los argumentos presentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra los desahucios. La entidad católica ha pedido al Gobierno que ponga en marcha de forma inmediata medidas que permitan la dación en pago retroactiva y el alquiler social y que eviten “la muerte de personas víctimas de la desesperación y el sinsentido a la que se han visto abocadas ante la pérdida de sus hogares”.
Cáritas ha lanzado un comunicado defendiendo estos supuestos precisamente el día en que se inician en el Congreso los trabajos para elaborar la propuesta, que partiendo desde la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los ‘Afectados por la Hipoteca’, se votará en el Senado el 7 de marzo.
La organización humanitaria de la Iglesia dice ser “testigo directo de la situación de máxima emergencia social creada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en los últimos cuatro años”. Por ello, insiste “en la necesidad urgente de acometer medidas sostenidas en el tiempo que eviten la pérdida de la vivienda habitual, con una moratoria de todos los desahucios y, en su caso, con la negociación de figuras jurídicas como el alquiler social o la cesión que permitan el uso y disfrute del hogar”.
También aboga por acabar con “la deuda personal de deudores de buena fe, a través de la dación en pago, que deberá aplicarse también de manera retroactiva en aquellos supuestos donde, llevado a cabo el lanzamiento de la vivienda, las personas afectadas siguen pagando la deuda contraída con la entidad bancaria o el particular”.
Cáritas, que ha valorado “positivamente la participación ciudadana y la respuesta social creciente de la sociedad civil, que ha cuajado en una Iniciativa Legislativa Popular que la pasada semana fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados”, se muestra asimismo “esperanzada por la decisión unánime de los grupos parlamentarios de admitir a trámite una iniciativa ratificada por casi un millón y medio de firmas en todo el Estado, así como por su compromiso de agilizar su tramitación y, en especial, por que se haya proclamado en sede parlamentaria la cercanía de nuestros representantes con las propuestas contenidas en la ILP”.
Por último, la entidad se hace eco de las conclusiones de la última Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que en una nota titulada ‘Ante la crisis, solidaridad’, indicaba que era “urgente encontrar soluciones que permitan a las familias -igual que se ha hecho con otras instituciones- hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle. No es justo que, en una situación como la presente, resulte tan gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer de una vivienda”.
