Al vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández, se le acumulan los problemas, ya que la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación sobre sus empresas, lo mismo que el Congreso de los Diputados, ya que tiene las contratas de las cafeterías de la Cámara baja.
Arturo Fernández -que actualmente está en el ‘ojo del huracán’ por las acusaciones de pagar parte del sueldo a sus trabajadores con dinero negro- comparte con Gerardo Díaz Ferraz el dudoso honor de ser más conocido por los problemas financieros de sus propias empresas que por su gestión al frente de la CEOE.
Las deudas de sus compañías con la Seguridad Social son uno de los frentes que tiene abiertos el empresario, una situación que no le ha impedido tener contratos con instituciones públicas como el Congreso o la Asamblea de Madrid, a pesar de que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas lo prohíbe.
Sin embargo, según informan hoy varios medios de comunicación, el grupo hostelero de Arturo Fernández tiene 16 reclamaciones administrativas de la Tesorería de la Seguridad Social por unos 550.000 euros, tal y como hace notar el plural.com.
Pero además a Fernández, que es también presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, se le reclaman otras deudas. Según informa El País la Consejería de Turismo de Andalucía mantiene desde 2011 una reclamación por vía judicial al grupo empresarial Arturo Cantoblanco —propiedad del vicepresidente de la CEOE— para que devuelva los 335.000 euros concedidos en el año 2009 para la reforma del hotel El Moresco, en Mojácar (Almería). Y le reclama que devuelva el dinero porque considera que los trabajos para los que se había concedido nunca se llegaron a ejecutar.
Asimismo, y por este mismo hotel, el Ayuntamiento de Mojácar reclama a Fernández más de 60.000 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, según ha recordado estos días el grupo municipal del PSOE en este ayuntamiento almeriense.
