La reforma educativa impulsada por José Ignacio Wert sigue levantando críticas. Partidos, sindicatos y asociaciones laicas han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas contra la “regresión” que supone la ley que el ministro de Educación ha “pactado” con la Conferencia Episcopal. Exigen que la religión deje de formar parte del currículum académico, y que la financiación a los centros católicos por parte de las administraciones públicas cese de inmediato.
Partidos como Izquierda Unida o Iniciativa per Catalunya, el Sindicato de Estudiantes, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alunmos (CEAPA) y otras organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) han unido sus fuerzas en la campaña ‘Por una escuela pública y laica: religión fuera de la escuela’ para mostrar su rechazo a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de Wert.
La recogida de firmas, puesta en marcha el pasado mes de septiembre a través de la web laicismo.org, ha sumado ya 13.396 apoyos ciudadanos que defienden que la escuela pública “ha de educar sin dogmas, en conocimientos científicos y universales, en valores humanistas y cívicos, en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad, sobre la base de la igualdad en dignidad y derechos, en los principios éticos y democráticos que son comunes a todos, sin distinción”.
Estas asociaciones critican que la reforma de Wert ha introducido elementos que “refuerzan al sector privado y la influencia de las ideologías confesionales” con la supresión de ‘Educación para la ciudadanía’ o la eliminación de materias como ‘Ética’. Asimismo, denuncian que “los recortes en recursos humanos y contenidos curriculares no afectan a la materia de Religión ni a sus profesores catequistas, que mantienen una situación de privilegio frente al resto del profesorado”.
La LOMCE da un paso más hacia la privatización del sistema educativo supeditando la creación de plazas al tipo de “demanda”, dicen las asociaciones que han puesto en marcha esta campaña, que cargan contra el Gobierno por hacer una “dejación explícita de su obligación de garantizar plazas públicas”.
Por ello, exigen que el Estado derogue “los Acuerdos con la Santa Sede” y que “la religión deje de formar parte del currículo y del horario lectivo, saliendo de la escuela pública”.
También que “ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares”, que deje de financiarse con dinero público “el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar”, o que se abandone la idea de la “segregación por razón de sexo o por otra naturaleza ideológica o social”.
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