Los ecologistas han acusado a Ignacio González de querer legalizar los negocios clandestinos que la aristocracia y los terratenientes del PP tienen en zonas limítrofes con la sierra de Madrid, como Guadarrama, Torrelodones o Galapagar. Según este colectivo, el presidente regional favorecerá estas actividades ilícitas, que se realizan en espacios protegidos, con la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que se votará en la Asamblea autonómica la semana que viene.
La asociación Ecologistas en Acción ha cargado hoy contra el sucesor de Esperanza Aguirre por favorecer el negocio de amigos personales y nobles en decenas de fincas denunciadas ante la administración en las que se celebran fiestas, bodas, comuniones, y eventos de todo tipo “sin licencia” dado que son espacios protegidos. Según indican en un comunicado, la Ley de Acompañamiento que se aprobará el próximo 27 de diciembre gracias a la mayoría del PP dará vía libre a personas vinculadas al presidente, entre ellas Carmen Cafranga.
Los ecologistas dicen que una de las fincas que se verá favorecida será ‘La Muñoza’, propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, cuya presidenta es Carmen Cafranga Cavestany. Esta es amiga personal de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, con la que además está asociada en una empresa llamada Subastas Segre.
Cafranga, casualmente, sonó hace unos meses como posible nueva presidenta de Caja Madrid en sustitución de Rodrigo Rato, porque a pesar de que había sido consejera de la entidad, no había ocupado ningún puesto de responsabilidad ni en BFA ni en Bankia, y había quedado al margen de los problemas con la justicia a los que sí se enfrentaba el propio Rato y otras figuras notables vinculadas al PP de Madrid, como el vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández.
Asimismo, la organización ecologista indica que también se verían beneficiados por la decisión de Ignacio González la finca ‘El Rincón’ (Aldea del Fresno) de Carlos Falcó, marqués de Griñón y exmarido de Isabel Preysler, así como ‘El Pendolero’ (Torrelodones), del duque de Maura; ‘La Escorzonera-El Chaparral’ (Pozuelo de Alarcón), del marqués de Mondéjar; o ‘El Soto de Mozanaque’ (Algete), del duque de Alburquerque.
También apuntan a la finca ‘Prados Moros’ (Guadarrama), propiedad de la familia Araluce, y a ‘Las Tres Fuentes’ (Galapagar), que pertenece a la familia Llorente Rosillo, vinculada, según esta asociación, a Esperanza Aguirre.
En una nota de prensa, Ecologistas en Acción denuncia que la norma que se votará la semana que viene “autoriza la celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad, es decir, bodas, banquetes y fiestas, en las edificaciones habilitadas para ello ubicadas en suelo no urbanizable y de cualquier protección”.
“Todo ello se autoriza eludiendo cualquier forma de evaluación ambiental y dejando sin efecto la normativa urbanística y ambiental que prohíbe estas actividades en espacios protegidos y en terrenos de alto valor, como montes preservados, embalses y humedales, etc.”.
La organización indica que las fincas antes mencionadas se ubican en suelo protegido y en entornos de elevado valor ambiental, por lo que algunas de ellas “cuentan con órdenes municipales de cese de actividad” y otras “han sido precintadas por ilegales”. Incluso la Fiscalía Provincial de Madrid investiga algunos casos. Además, “la jurisdicción contencioso administrativa ha declarado que estas actividades son industriales de hostelería que exigen licencias y autorizaciones medioambientales”.
