Los trabajadores de la Administración de Justicia han paralizado la habitual actividad diaria en la mayoría de los juzgados con un “apagón informativo” desde las 11 horas y hasta las 11,30 para escenificar su malestar por los recortes emprendidos por el sector y la “privatización” del servicio. En esa media hora, se ha convertido en misión imposible contactar con cualquier órgano judicial.
Sin señales de ‘vida’. Esta era la situación que se han encontrado la mayoría de los ciudadanos cuando han tratado de contactar por teléfono con varios departamentos de la Administración de Justicia. Las personas que han llamado a partir de las 11 de la mañana a la centralita de los Juzgados de Plaza de Castilla, al juzgado de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o a alguna de las secciones de la Audiencia Nacional se han encontrado con la misma respuesta: nadie cogía el teléfono.
Todo, debido a la lucha que mantienen los trabajadores judiciales con el Gobierno por la situación en la que han sumido este colectivo con medidas como la retirada de la paga extraordinaria de Navidad y que les ha llevado hoy a paralizar la red informática de los juzgados de toda España durante media hora con un “apagón informático”.
Una acción a la que no se ha sumado todo el mundo. Y es que, en las filas de la Audiencia Nacional ha habido funcionarios que han hecho oídos sordos a esta acción convocada por los sindicatos y han asegurado que en sus secciones no se estaba dando el mencionado “apagón”.
Más allá de esta protesta, los sindicatos han convocado diversas concentraciones en todos los centros de trabajo que tendrán su punto álgido en Madrid. Según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), mayoritaria en la Administración de este sector, el acto central tendrá lugar en los Juzgados de Instrucción en Plaza de Castilla.
En estas manifestaciones, los trabajadores públicos cargarán contra los dos ministros a los que culpan de su situación: el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. El primero, por los tijeretazos en medios materiales y organizativos que ha aprobado; el segundo, por la retirada de la paga extra.
