María Dolores de Cospedal ha insistido hoy ante el juez en que se realizaron seguimientos, tanto a ella como a varios dirigentes del PP de Castilla-La Mancha, por parte de espías contratados por el PSOE. Además, ha indicado que nunca mencionó el nombre de la empresa que los llevó a cabo.
Tal y como ha indicado la secretaria general del PP en su declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Coslada, que se encarga de la demanda presentada por ‘Detectives Almirante’, tiene pruebas de que determinados dirigentes de su partido, como ella misma y la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, fueron objeto de pesquisas en relación con su patrimonio.
Entre las pruebas, Cospedal ha aludido a peticiones en el Registro de la Propiedad de Ciudad Real acerca de su patrimonio, el de la alcaldesa de este municipio y el de concejales del Ayuntamiento de Ciudad Real, todos ellos del PP.
Este juicio afecta a Cospedal, quien hizo esas acusaciones cuando aún no presidía Castilla-La Mancha, a Rosa Romero, que ahora es también diputada nacional, y al entonces portavoz del equipo municipal de la alcaldesa de Ciudad Real, Francisco Cañizares, hoy portavoz del PP en las Cortes autonómicas.
La demanda civil contra los tres políticos la presentó el gerente de ‘Detectives Almirante’, Isidro García, por “intromisión ilegítima en el honor” al considerar que las acusaciones vertidas sobre el PSOE le causaron perjuicios económicos y profesionales, además de menoscabar su imagen.
Isidro García, quien reconoció ser militante socialista, solicita una indemnización de 100.000 euros y que los dirigentes del PP publiquen, en su caso, la sentencia condenatoria en cada uno de los medios que se hicieron eco de las declaraciones, recoge Efe.
La vista oral había sido aplazada en tres ocasiones desde el pasado mes de octubre, la primera por una intervención quirúrgica del abogado de Cospedal, la segunda por la huelga general del 14 de noviembre y la tercera, el pasado día 12 de diciembre, por el paro de jueces y fiscales.