El plan alternativo que han presentado hoy los sindicatos sanitarios a la Comunidad de Madrid para frenar las privatizaciones de hospitales propone un ahorro de 510 millones de euros, 23 menos de la cantidad exigida por el consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, para reconsiderar sus recortes. No obstante, el Gobierno regional insiste que estudiará el plan al detalle para comprobar si el ahorro propuesto es “real”.
El documento presentado hoy por los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (SATSE, CCOO, CSIT-UP, UGT, Amyts y USAE), además de CSI-F, plantea un ahorro del 18% en el presupuesto de Atención Primaria para reducir 126,4 millones de euros, en el que se incluye la anulación de la privatización de 27 centros, y la retirada de los planes de externalización para ahorrar 136,2 millones de euros, al entender que el ratio del coste per cápita es inferior con una gestión pública respecto al cambio que había planteado el Gobierno regional.
Además, proponen una serie de propuestas para ahorrar 62 millones con la reducción del gasto medio por receta, 150 millones en ahorros previsto por la central de compras y otros 80 millones por la protocolarización de la regla 20/80, conocida como ‘principio de parapeto’, para generar eficiencia en el servicio mediante aplicación de criterios profesionales.
Por último, indican que faltan por cuantificar varias partidas planeadas en este documento debido a la “premura de tiempo” y a las “nulas facilidades” que ha dado la administración en este sentido, aunque consideran que el plan presentado “se aproxima a lo exigido por Lasquetty”.
Ante esto, el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Armando Resino, quien se ha reunido con los sindicatos para que le entregasen esta propuesta, ha pedido a estas organizaciones que cuantifiquen las partidas que no están “debidamente desarrolladas”, por lo que les ha emplazado a volver a reunirse mañana.
También ha indicado, según recoge Europa Press, que el departamento que dirige Lasquetty comprobará si las aportadas por los representantes de los trabajadores son “cifras reales” de ahorro y cuál es el tiempo de aplicación de esas iniciativas. “No podemos tomar decisiones presupuestarias con cifras que luego no van a ser reales”, ha advertido Resino.
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