El Tribunal Supremo ha desestimado y archivado la querella presentada el pasado mes de abril contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el que fuese su ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a los que se acusaba de prevaricación por haber indultado al consejero delegado del Grupo Santander Alfredo Sáenz.
A pesar de que el alto tribunal condena duramente el derecho de gracia que permite al Gobierno indultar a personas condenadas por los tribunales, dice que “dado el actual marco legislativo, es lo que hay”, por lo que rechaza esta querella presentada por el partido Soberanía de la Razón, del que forma parte el abogado José Luis Mazón.
Según la querella, Zapatero y Caamaño habrían prevaricado al conceder el indulto a Alfredo Sáenz, ya que el banquero fue condenado a tres meses de prisión e inhabilitado para ejercer su profesión durante ese tiempo por un delito de denuncia falsa que cometió cuando, hace 17 años, era presidente de Banesto. El indulto evitó que Sáenz abandonara su cargo al frente del Santander para cumplir la condena.
Los querellantes sostenían que la razón del indulto era compensar al Banco Santander “por la refinanciación de cierta deuda y la condonación de 12 millones de euros” al PSOE. También aludían a que Zapatero “habría recibido un crédito hipotecario de esa misma entidad, a título personal, para la compra de un chalet”. Una decisión que, además, el Gobierno socialista tomó cuando ya se encontraba en funciones, en el Consejo de Ministros del 25 de noviembre de 2011.
Con esta resolución, el Supremo archiva la querella al concluir que Zapatero y Caamaño no pudieron cometer un delito de prevaricación ya que la legislación actual permite que un Gobierno pueda ejercer el derecho de gracia sin necesidad de justificación alguna, recoge Servimedia.
Los magistrados de la Sala de lo Penal, a pesar de estos argumentos, critican la existencia del derecho de gracia, del que dicen que es “una herencia del absolutismo” de difícil encaje “en un ordenamiento constitucional como el español”.
El auto tilda de “paradójico” que sentencias condenatorias “puedan hacerse vanas sin que conste ninguna razón estimable, en el ejercicio de una discrecionalidad política, más bien arbitrio, no vinculada e incontrolable”.
