La reforma del Código Penal del ministro Alberto Ruiz Gallardón contempla un año de cárcel para aquellas personas que hayan divulgado sin autorización imágenes o grabaciones íntimas a pesar de que se hayan conseguido con permiso de la víctima.
Este cambio vuelve a convertir en protagonista a la edil socialista de Los Yébenes, Olvido Hormigos.La modificación, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, contempla que el hostigamiento y el acoso estén penados con dos años de cárcel, mientras que también se considera delito los matrimonios forzados.
La concejala de Los Yébenes saltó a la fama cuando se difundió (sin su permiso) un vídeo erótico en el que aparece desnuda de cintura para arriba. Muchas cosas se han dicho sobre el asunto, desde que el vídeo había sido distribuido por el Ayuntamiento de la localidad toledana, hasta que había sido un amigo de la política.
Esta medida se incluye en el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que ha presentado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y supone toda una novedad sobre el texto anterior. Por primera vez se tipifica como delito esta práctica, según ha admitido el propio exalcalde en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Una novedad que se une al delito de acecho u hostigamiento aplicable a diversas conductas de acoso y al uso indebido de datos personales. Ambas podrían penadas con hasta dos años de prisión.
En cuanto al matrimonio forzoso, esta práctica se castiga ahora con hasta tres años de cárcel y se incluye el agravante de forzar a la víctima a abandonar el territorio nacional.
«Es un capítulo novedoso relativo a la protección de la mujer y la lucha por la igualdad de género que consideramos fundamental en estos momentos en el que en España todavía nos queda un trecho por avanzar en esa protección de las mujeres como víctimas de determinados delitos», ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha acompañado a Gallardón en la explicación de este reforma del Código Penal.
Asimismo, en este anteproyecto se incluye la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad con un periodo de vigilancia posterior a la pena en casos de delitos de especial gravedad.
